El presidente Sebastián Piñera firmó hoy el proyecto de Ley de Delitos Informáticos y anunció un Instructivo de Ciberseguridad para el Estado, que establecerá un marco regulatorio responsable y comprometido frente al cibercrimen.

El proyecto de ley tipifica los delitos informáticos y sus sanciones, entre los que se encuentran la perturbación informática, que sanciona a quien maliciosamente obstaculice o perturbe el funcionamiento de un sistema informático, el acceso ilícito (hackeo), la interceptación o interferencia indebida y maliciosa de las transmisiones no públicas entre sistemas informáticos como mail o whatsapp, el daño informático, el delito de falsificación informática, el fraude informático y abuso de dispositivos que alteren la integridad de datos informáticos.

Por otra parte, entre las principales materias que cubre el instructivo destacan la designación de un encargado de ciberseguridad de alto nivel en cada servicio, la aplicación y actualización de normativa técnica sobre la materia y medidas internas.

Los servicios deberán adoptar las normas y revisión detallada de sus redes, sistemas y plataformas digitales de funcionamiento crítico y la vigilancia y análisis del funcionamiento de infraestructura critica para los sistemas de información de las diferentes instituciones públicas.

Al respecto, el Mandatario señaló que «éste es un proyecto de ley que, sin duda, nos va a permitir, en conjunto con toda una política de seguridad en materia de la nueva sociedad digital y la ciberseguridad, una nueva realidad en nuestro país».

Además, planteó que «llegó el tiempo de recuperar el tiempo perdido y ponernos a la cabeza de esta revolución que, sin duda, va a cambiar y tenemos que preocuparnos que sea para mejorar la calidad de nuestras vidas”, concluyó el Presidente.

Cifras

De acuerdo con datos de la PDI, los delitos informáticos han aumentado un 74% en el 2017 en comparación a las cifras del 2015, aumento exponencial que requiere actualización.

El Gobierno le ha dado un impulso al combate contra el cibercrimen, buscando el asesoramiento de organismos como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional y acuerdos con países como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Argentina y Brasil.