El Gobierno anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley que permita a los directores de establecimientos de educación contar con herramientas más eficaces, como la expulsión inmediata de estudiantes, al momento de enfrentar hechos graves de violencia en sus planteles.

La ministra de Educación, Marcela Cubillos, señaló al respecto que «no podemos hablar de calidad si no somos capaces de proteger a nuestros profesores y alumnos» y agregó que «nuestra primera preocupación es la seguridad de toda la comunidad educativa. No queremos seguir viendo a profesores amenazados y agredidos, ni a alumnos y apoderados viviendo con temor».

Por su parte, el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, sostuvo que “los manuales de convivencia están absolutamente superados, no están hechos para la violencia y para actos vandálicos que estamos viviendo hoy en día. Por eso, creemos que este proyecto de ley apunta hacia la dirección correcta».

Proyecto

En concreto, el proyecto, que se ingresará la próxima semana a tramitación, permitirá que, ante hechos graves de violencia, el director del establecimiento podrá tomar la decisión de expulsión o cancelación de la matrícula.

Esta decisión deberá ser notificada por escrito al estudiante afectado y sus padres o apoderados, según corresponda. Estos podrán pedir la reconsideración de la medida dentro del plazo de cinco días contados desde la respectiva notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores, el que deberá pronunciarse por escrito.  Sin embargo, la interposición de la referida reconsideración no suspenderá los efectos de la expulsión y/o cancelación de la matrícula.

El proyecto busca así armonizar tres derechos fundamentales: derecho a la integridad física y psíquica de los miembros de la comunidad educativa, derecho al debido proceso y derecho a la educación del estudiante sancionado.

Causales de expulsión

– Uso, posesión, tenencia y almacenaje de armas u otros elementos destinados a causar daño al establecimiento o a los miembros de la comunidad educativa.

– Envío, activación, lanzamiento o detonación de bombas o artefactos explosivos.

– Agresiones físicas graves que produzcan lesiones a cualquier miembro de la comunidad educativa, especialmente aquellas realizadas a docentes, asistentes de la educación y manipuladoras de alimentos.