La diputada por la zona interior de la región de Valparaíso, Camila Flores (RN), se reunió con la intendenta de la región Metropolitana, Karla Rubilar, con el fin de conversar sobre el proyecto de castración química que presentó esta última cuando era parlamentaria.

En la ocasión, conversaron de manera distendida por espacio de una hora, donde compartieron el espíritu de la iniciativa que busca que quienes cumplan condena por delitos de abuso sexual infantil accedan a tratamiento médico como requisito para acceder a algún beneficio.

La diputada Flores explicó que «para nosotros es fundamental avanzar en esta materia, dada las altas cifras de violaciones cometidas no sólo contra menores, sino que también contra lactantes. Por lo tanto, queremos que existan medidas que no sólo inhabilite a los violadores de seguir cometiendo delitos sino que tengan sanciones ejemplificadoras”.

La parlamentaria explicó que la iniciativa se inspira en modelos internacionales, donde los condenados por pedofilia reciben tratamiento con medroxyprogesterone acetate durante 12 meses, lo que disminuiría sus fantasías sexuales y generaría un control de sus impulsos.

Lo que sí se hace necesario, según señala el proyecto de ley, es que sea el victimario el que debe tener la voluntad de realizarse el tratamiento porque “la castración química ayuda a las personas que quieren ayudarse”. Se entiende que de no aceptar, no podrá optar a beneficios.

Por ejemplo, varios estados de Estados Unidos contemplan la castración química obligatoria como castigo frente a estos delitos. Otros países donde se aplica esta medida es Polonia, Moldavia y Estonia, Rusia, Bélgica, Suecia, Suiza, Alemania, República Checa y Dinamarca, Corea del Sur y la provincia de Mendoza, en Argentina.

Cabe señalar que el proyecto actualmente se encuentra desde el año 2014 en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.