Durante la semana recién pasada se instaló un debate en torno a la decisión de la Corte Suprema de conceder la libertad condicional a siete militares (r) condenados por delitos de lesa humanidad, los cuales se encontraban cumpliendo penas en la cárcel de Punta Peuco.

En este contexto, la encuesta 239 de Plaza Pública Cadem, correspondiente a la segunda semana de agosto, arrojó que un 76% afirma que el Gobierno y el Ejército deberían cerrar este penal y que los militares juzgados por derechos humanos deberían cumplir sus condenas en cárceles comunes.

Por su parte, un 18% dice que cree que deberían mantenerla abierta.

Relacionado con lo anterior, un 80% establece que si un militar es declarado culpable de un delito grave, éste debe ir a una cárcel normal, con delincuentes comunes; mientras que un 18% dice que debería ir a una cárcel especial sólo para militares.

Finalmente, en relación a los militares presos por delitos de derechos humanos que estén graves o en etapa terminal y/o que tengan una edad muy avanzada, un 58% establece que no deben tener beneficios carcelarios y que deben cumplir sus condenas sin importar su edad o salud. En ese sentido, un 38% afirma que deben tener derechos a beneficios carcelarios y cumplir condena en sus casas.