La acción judicial, presentada ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, es por el delito de tráfico de migrantes, señalando que las agencias involucradas lucran con el masivo ingreso ilegal de extranjeros, y las responsabiliza de la crisis en la que se encuentra su empresa.

«Las agencias con un costo mínimo más unos cuantos documentos inservibles, hacían cuantiosas ganancias aprovechándose de una fiscalización tolerante», señala el texto legal, consignada por La Tercera.

Solicitudes y denuncias.

En la acción judicial, además se describe que se cobrarba a estas agencias entre US$700 y US$800 por pasajes para estos migrantes, pero que estas triplicaban su valor para comercializarlos.

“Por más de un año le cobraron a esta gente sumas enormes, por nada y además les proporcionaban documentos falsos de falsedad ideológica (reservas de booking.com anuladas) que les permitían ingresar a Chile vulnerando los controles migratorios”, denunció la compañía.

Paralelamente, en el documento la compañía solicita al tribunal varias acciones, como por ejemplo el que la PDI, a través de la Brigada Investigadora de Trata de Personas (Bitrap), determine cómo operan estas compañías.

Asimismo, solicitó que se cite a Andrés Dulcinelli, ex gerente general de LAW para que revele cuál es su relación con las agencias querelladas.