Entre octubre de 2017 y enero de 2018 se desarrolló el trabajo de la Comisión Investigadora que estuvo encargada de indagar sobre la correspondencia legal y reglamentaria de los actos de Gobierno en materia de creación de 101 nuevos cargos de notarios, conservadores y archiveros judiciales, cuyo informe fue aprobado hoy por la Sala de la Cámara de Diputados por 140 votos a favor y dos abstenciones.

La instancia, creada tras una petición de 49 legisladores, conformó su texto de conclusiones basada en las propuestas del presidente del grupo parlamentario, diputado Leonardo Soto (PS), y del diputado Sergio Gahona (UDI).

El informe centró su marco de análisis en tres grandes puntos, siendo el primero de ellos la correspondencia de la crítica vertida por la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales, en orden a que el decreto 1515, que dio sustento a la creación de los nuevos cargos, careció de fundamento técnico u objetivo.

Respecto del tema, la Comisión concluyó que «no es posible imputarle al (entonces) ministro de Justicia, Jaime Campos, responsabilidad por falta de motivación o fundamentación debida» en la dictación del decreto excento 1515, de 2017, ya que habría quedado de manifiesto que «su dictación fue precedida de un estudio que acompaña los argumentos de hecho que lo animaron».

En este marco, se sugiere al Ejecutivo que para futuros actos administrativos que pretendan crear o modificar estos oficios, el Ministerio respectivo siga considerando los diversos factores económicos, sociales y geodemográficos que tengan los territorios en los que estas medidas quieran aplicarse, pues ellas son variables insoslayables en la planificación de estos decretos para mejorar los servicios notariales, registrales y de archivos judiciales en el país; más aún en las comunas con población más vulnerable.

La Comisión también sostuvo que no es posible imputarle responsabilidad al exministro Campos respecto a la queja planteada por algunos actores involucrados con el tema en torno el ex secretario de Estado no habría escuchado organizaciones o entidades vinculadas con la materia.

En todo caso, se acotó luego que, no obstante lo anterior, se verificó que la autoridad ministerial se reunió y comunicó formalmente, para tratar las materias de este decreto, con la Corte Suprema, las respectivas Cortes de Apelaciones, parlamentarios, la Asociación de Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales de Chile y el Colegio de Abogados. Adicionalmente, se habría tenido contacto con alcaldes y concejales.