Los gobiernos de Chile, Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, agrupados en el denominado Grupo de Lima, expresaron que no reconocen la legitimidad del proceso electoral desarrollado en Venezuela, debido a que «no cumplió con los estándares internacionales de un proceso democrático, libre, justo y transparente».

Además, acordaron reducir sus relaciones diplomáticas con Venezuela y reiteraron su preocupación por la «profundización de la crisis política, económica, social y humanitaria que ha deteriorado la vida en Venezuela, que se ve reflejada en la migración masiva de venezolanos que llegan a nuestros países».

Medidas

El Grupo de Lima anunció que convocarán a una reunión de alto nivel con autoridades responsables del tema migratorio y de refugio para intercambiar experiencias y definir los lineamientos de una respuesta integral, incluyendo temas de facilidades migratorias y documentos de identidad.

También realizarán contribuciones financieras a los organismos internacionales competentes para fortalecer las capacidades institucionales de los países en la región, especialmente los países vecinos, para atender el flujo migratorio de venezolanos.

En materia de salud indicaron que apoyarán el suministro de medicamentos por instituciones independientes y las acciones de vigilancia epidemiológica en Venezuela y en sus países vecinos, en particular frente a la reaparición de enfermedades como sarampión, paludismo y difteria.

Economía

En el ámbito financiero solicitarán a las autoridades competentes de cada país que emitan y actualicen circulares o boletines que transmitan al sector financiero y bancario «el riesgo en el que podrían incurrir si realizan operaciones con el gobierno de Venezuela que no cuenten con el aval de la Asamblea Nacional, incluyendo convenios de pagos y créditos recíprocos por operaciones de comercio exterior».

De igual forma, anunciaron que coordinarán acciones para que los organismos financieros internacionales y regionales procuren no otorgar préstamos al Gobierno de Venezuela.

Además, intensificarán y ampliarán el intercambio de información de inteligencia financiera, a través de los mecanismos existentes, sobre las actividades de individuos y empresas venezolanas que pudieran vincularse a actos de corrupción, lavado de dinero u otras conductas ilícitas.

Finalmente el Grupo de Lima expresó que continuará dando seguimiento al desarrollo de la situación en Venezuela con el objeto de «adoptar las medidas adicionales que correspondan, de manera individual o colectiva, para favorecer el restablecimiento del estado de derecho y el orden democrático en ese país».