La Sala de la Cámara de Diputados aprobó la resolución 1021, que solicita a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, el envío de un proyecto de ley que modifique la ley de equidad tarifaria, en el sentido que se considere la variable socioeconómica de cada comuna, excluyendo a las más pobres de la región del aporte que deben realizar e incluyendo a las empresas distribuidoras de energía.

La normativa de equidad tarifaria fue publicada en junio de 2016 y su objetivo era lograr precios de energía razonables y equitativos para todos los chilenos frente a un panorama de evidente dispersión en el cobro de tarifas residenciales, llegando algunas comunas a pagar incluso un 76% más que otras, en distribución eléctrica. Además, las comunas generadoras de energía eléctrica tenían tarifas más altas que las demás.

A juicio de sus autores, los diputados Guillermo Teillier (PC), Osvaldo Andrade (PS), Maya Fernández (PS), Claudio Arriagada (DC) y Daniel Núñez (PC), la ley considera un aumento de la cuenta de electricidad cuando el consumo fuese igual o superior a 200 KWh por mes, lo que sólo corresponde en la región Metropolitana a un 36% de la totalidad de los clientes, en su mayoría de Chilectra.

Por lo tanto, su aplicación práctica ha perjudicado a muchos vecinos de comunas vulnerables socioeconómicamente, siendo los habitantes de El Bosque, San Ramón y Lo Espejo los más afectados con el alza de precios, que según la Comisión Nacional de Energía (CNE), consideraría un aumento que variaría entre los 1.350 y 1.508 pesos.

Dichos efectos, remarcan los legisladores, serían contrarios al espíritu de la ley, ya que la equidad tarifaria, por sí sola, no tiene sentido si no va de la mano con una política de igualdad y justicia social, que en este caso considere una manifestación territorial a nivel comunal.