Sr Director:

La semana pasada la destacada atleta Érika Olivera se refirió al panorama postelectoral, declarando en la edición matinal de Ahora Noticias: «A mí no me gustaría tener un país como Venezuela. Y lo digo sinceramente. No me gustaría que mis hijos vieran una realidad como la que vemos a través de los medios de comunicación, lo que están viviendo millones de venezolanos».

De inmediato la invadieron todo tipo de críticas, campañas de trolleos y burlas en contra de sus aseveraciones.

Pero No creo que el rumbo del caso Chileno sea el país liderado por Maduro. Lo de Venezuela es una exageración, sin duda que allá la crisis en parte es económica y humanitaria, pero también es más profunda por otros factores como corrupción y falta de estabilidad democrática. Yo más bien diría y cómo dijo Mario Waissbluth (Fundación educación 2020) nos estamos «kirchnerizando» a la Argentina.

El premio Nobel de Economía Douglas North ya nos advertía de los problemas institucionales y su impacto en el crecimiento económico. Señalaba que en la historia económica se encuentran ejemplos de países que logran crecer y otros que directamente se estancan o declinan. El autor de Institutions, Institutional Change and Economic Performance entendía que para poder explicar estos casos hay que estudiar qué características institucionales les han permitido a países desarrollarse y cuáles son las causas por las que estos no crecen o se estacan mediante instituciones ineficientes.

El caso es Argentina: Su derrumbe económico se produjo a partir del estatismo, el intervencionismo y las políticas de distribución del ingreso que en forma desatada llevó a nuestro vecino poco a poco a transformarse en un país con elevados niveles de pobreza, llegando en promedio al 30% en los últimos 20 años. (cifras: Infobae, 17 de junio de 2017)

Si bien nuestra historia paralela es muy diferente y optimista, últimamente podrían tener puntos de encuentro. Ambos tuvimos muy buenos niveles de desarrollo económico, y hoy somos parte del ranking de países con más caída en la IED (Inversión Extranjera Directa) en Sudamérica (Argentina en primer lugar y Chile en tercero), tenemos altos niveles de déficit fiscal (Argentina el peor histórico y Chile el segundo más alto desde el 2009). Por otro lado, Argentina encabeza la lista de países de la región con una carga tributaria importante, y si bien es cierto que nuestro país se aleja de ser pionero en aquello, hoy destacamos por tener impuestos a las empresas superior al promedio de los países de la OCDE siendo precisamente el país más pobre de la OCDE.

Chile últimamente ha experimentado una recesión financiera, que, si bien junto a condiciones externas algo adversas me atrevería aseverar que nuestro desempeño económico no solo se atribuye al panorama internacional, sino que sugiero como causa evidente el manejo político-institucional y los cambios que Chile ha experimentado en aquello. La CEPAL muestra que en el análisis comparado América latina en promedio últimamente tendió a mejorar, el caso chileno sufrió un retroceso. Acá las políticas públicas bajo el actual gobierno de izquierda juegan un rol importante. Se ha hablado de una carencia técnica de relevancia, y pocas garantías de claridad en las reglas del juego. Entonces la cuestión de pronto apunta a la reforma tributaria generándose un sistema muy confuso, y donde el ex ministro Rodrigo Valdés (Hacienda) reconoció la deficiencia de la reforma, estuvo mal hecha. Después de todo la recesión era atenuable, y era más bien, en parte, una cuestión de incentivos.

“Lo anterior ha tenido impactos también en la generación de empleos. En el periodo 2014-2016 el ritmo de creación de nuevos puestos de trabajo cayó a menos de la mitad que el cuatrienio previo; además, los nuevos empleos son de peor calidad, ya que la mayoría corresponden a cuenta propia y en el último año el 45% de los empleos generados son desarrollados en la calle o la vía pública”. (La Tercera. 27 de junio 2017)

Un elemento relevante, a mi juicio, son también las promesas que las reformas del gobierno socialista de la presidenta Bachelet traían aparejadas. Ya advertía hace un tiempo atrás Mario Waissbluth a un conocido medio que obviamente, los “ofertones” serán populares: La mayoría de Chile aplaudiría fuertes aumento de salario mínimo, mejoras de las pensiones mínimas, bonos de todo tipo, gratuidad a todo nivel educativo. Pero se necesita una dosis mínima indispensable de evaluación de los impactos que puede tener cualquier decisión de políticas públicas, antes de tirar propuestas al voleo. (Mario Waissbluth, El Mostrador. 7 de abril 2017).
Y es que el problema que subyace a cualquier tipo de análisis sobre la urgencia de todo tipo de derechos sociales es la precaria seriedad con que se toman en cuenta principios básicos de economía como aspectos importantes para entender la realidad. Es un hecho que el desplome de los ingresos fiscales tras la reforma tributaria no permitió el financiamiento esperado para la reforma en educación. Un panorama complejo que obstruyó el afán de gratuidad universitaria y también dio paso al congelamiento de un reajuste del aporte por gratuidad de la Ley de Inclusión a los sostenedores a través del presupuesto del 2018. Y sin duda que el apuro electoral a veces demagógico y populista con ideas sobre promesas de “gratuidad a todo nivel” al igual que en Argentina, son atractivas, es evidente que aquello no es posible sin la prosperidad y el respaldo económico que la debiese anteceder.

 

José Orellana Espinoza.

 

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