Esta jornada se formalizó a ocho nuevos imputados en la investigación por la malversación al interior de Carabineros, fraude que supera los 26 mil millones de pesos y suma 126 involucrados.

Los imputados y ex funcionarios, Luis Vilches, Sergio Bracamonte, Juan Cereceda, Gabriel González y Gerardo Agurto enfrentaron cargos por asociación ilícita, malversación de caudales públicos y lavado de activos. Estos dos últimos delitos también se les imputó a los ex uniformados Óscar Muñoz y Jorge Latrille, y al civil Leonardo Morales.

Para la audiencia estaban citados 12 imputados, sin embargo cuatro no se presentaron, por lo que la Fiscalía solicitó medidas compulsivas y órdenes de detención en su contra, lo que fue autorizado por el tribunal.

Según expuso el fiscal Miguel Ángel Orellana, “los imputados Vilches, Bracamonte, Morales y Latrille, como miembros de la organización criminal, reclutaron a terceros que facilitaran sus cuentas corrientes, modificando archivos, favoreciendo la malversación de caudales públicos por sobre los $850 millones”.

Cereceda recibió dineros malversados por 60 millones, los que luego entregó en efectivo a la organización criminal, por esta razón quedó sujeto a la medida de arresto domiciliario nocturno.

González junto a otros imputados falsificó documentos destinados al pago de los desahucios con el propósito de obtener pagos ilícitos en beneficio de civiles sin ser parte de la institución. Por este rol obtuvo a lo menos 80 millones de pesos. El tribunal le otorgó arresto domiciliario nocturno.

El imputado Muñoz participó en la tramitación de resoluciones de desahucios falsificadas, mientras que Agurto recibió 12 millones desde cuentas institucionales mientras se desempeñaba en la unidad encargada de llevar a cabo auditorías a los distintos estamentos contables de Carabineros. Ambos quedaron sujetos a la medida de firma quincenal.

Asimismo, se aplicaron las cautelares de arraigo nacional y prohibición de comunicarse entre los imputados a todos los formalizados.