viernes 18 agosto de 2017 | Publicado a las 4:49 pm · Actualizado a las 4:51 pm
¿encontraste un error?
avísanos
Envíanos tu corrección
OPINIÓN: Trabajadores a honorarios en servicios públicos
"Mientras persista la explotación y precarización laboral amparada por el propio Estado, organizarse colectivamente es una tarea primordial."
Las recientes movilizaciones de las y los trabajadores a honorarios de los servicios públicos, evidencian que el Estado no ha sido, ni es un buen empleador. La legislación es clara, el uso del contrato a honorarios está reservado para labores accidentales o no habituales de las instituciones, sin embargo, en la práctica laboral, no se cumple. Más de 300 mil funcionarios del Estado trabajan bajo esta modalidad.
Ésta práctica de contratación ha sido una política respaldada y fomentada por los gobiernos de la Concertación y la Derecha, sin distinción alguna respecto a cómo este mecanismo reproduce lógicas de explotación y precariedad laboral. Más aún, el candidato presidencial de Chile Vamos ha dicho que “es necesario despedir para cuadrar la caja”. Se niegan cotizaciones de salud, previsión y garantías frente a despidos, lo que acarrea lógicas profundamente autoritarias y poco democráticas. Ante esto, una de las principales demandas de las organizaciones sindicales ha sido abogar por el reconocimiento como trabajadores, lo que implica condiciones de traspaso justas y el respeto por la antigüedad funcionaria.
El gobierno se comprometió a traspasar a 8.800 honorarios del gobierno central a contrata, lo que podría valorarse positivamente, sin embargo, las condiciones y prioridades para el traspaso son preocupantes. En efecto, en los últimos años son varios los conflictos que han surgido con el traspaso por las malas condiciones, rebajas en los sueldos, o la primacía de contactos y pitutos políticos por sobre la antigüedad o tipo de cargo.
El paro del Sindicato de Honorarios del FOSIS de Valparaíso es ejemplificador. No se respetaron los acuerdos, como priorizar a los trabajadores no reconocidos de ciertos programas, o priorizar según antigüedad. Más aún, al notificar del traspaso tampoco se respetó al sindicato como canal válido de comunicación. Se termina imponiendo el cumplir metas numéricas, por sobre el fin de respetar derechos laborales y el trabajo realizado por años.
No solo corresponde apoyar su organización y movilización, sino que también hacer un llamado a las organizaciones emblemáticas de las y los trabajadores que han abandonado las luchas de los honorarios, pero también la de los trabajadores externalizados que conjuntamente representan a la mitad del empleo público nacional, a que sus políticas y capacidad de influencia sean para todas y todos los trabajadores.
Mientras persista la explotación y precarización laboral amparada por el propio Estado, organizarse colectivamente es una tarea primordial. Que el Estado, expresado en los gobiernos de turno, asuma que el trabajo digno de las y los trabajadores del sector público es condición necesaria para una sociedad más justa y democrática. Queda mucho por delante y ante tal escenario es necesario seguir movilizándose de cara los conflictos del trabajo público precario en Chile.
