Hasta la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados concurrieron el fiscal nacional, Jorge Abbott y el director del Servicio de Impuestos Internos, Fernando Barraza, para entregar su postura en relación al proyecto de ley, iniciado en moción, que faculta al Ministerio Público para querellarse por delitos tributarios.

Ante la instancia, Abbott señaló que lo que se está reclamando por parte del Ministerio Público es la igualdad ante la ley, en virtud de la persecución penal. Por ello, sostuvo que «nos parece que no es posible que un órgano de la administración central tenga la exclusividad en la investigación y la persecución penal, porque se produce una discriminación entre los ciudadanos»

En esa línea, el fiscal nacional indicó que «las decisiones se toman en base a criterios puramente económicos y no a criterios objetivos, como lo puede tomar una institución autónoma que tiene como atribución, precisamente, la investigación y la persecución penal”.

Por su parte, el director del SII, Fernando Barraza, defendió el rol recaudador del organismo y argumentó que su postura es mantener en el Servicio la decisión de denunciar los delitos tributarios porque a su juicio “obstaculizaría la eficiente labor que realiza el Servicio de Impuestos Internos a la hora de cumplir con su misión final que es recaudatoria”.

Con respecto a los dichos sobre una eventual vulneración, por parte del SII, al principio de igualdad ante la ley en estos tipos de delitos, Barraza argumentó que «el Servicio no lo hace en absoluto, solamente existen delitos donde es mucho más eficiente actuar por la vía infraccional y donde además se pueden recuperar multas, una vez recuperados los impuestos, sobre el 50%, cosa que no ocurre en el caso de la sanción penal».