Satisfacción mostraron vecinos de Tunquén, comuna de Algarrobo, por la decisión de Tribunal de Letras Civil de Casablanca que acogió la denuncia de obra nueva presentada por el abogado Christian Lucero contra la Inmobiliaria Punta del Gallo por los trabajos ejecutados en la playa de Tunquén sobre una serie de piezas arqueológicas debidamente georeferenciadas por el Consejo de Monumentos Nacionales.

 El abogado Lucero explicó que “el Tribunal resolvió acoger la denuncia presentada a fin que se suspendieran inmediatamente las obras que la inmobiliaria estaba ejecutando ilegalmente en la playa, consistentes en urbanización (caminos) que dañaron importantes restos arqueológicos correspondientes a las culturas Bato y Llo-lleo que habían sido oportunamente informados al municipio de Algarrobo y a la inmobiliaria por el Consejo de Monumentos Nacionales”.
 El profesional precisó que lo anterior “no fue respetado por la inmobiliaria, decretándose por el Tribunal inclusive la demolición total de las obras construidas por la inmobiliaria, lo que representa un importante retroceso en sus pretensiones de continuar desarrollando un proyecto que ha sido ampliamente criticado por la comunidad de Tunquén y las autoridades que han intentado en vano proteger este sitio prioritario para la biodiversidad y que recientemente ha sido declarado Santuario de la Naturaleza.”
El senador Francisco Chahuán, quien ha apoyado a los vecinos de Tunquén y Campomar desde un comienzo,  afirmó que “se trata de un fallo muy importante, pues desde un principio dijimos que un proyecto emplazado en un sector aledaño a un Santuario de la Naturaleza debe someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, y más aún si está ubicado en un zona de interés arqueológico”.  Añadió que con esto se “resalta la tesis inicial que sostiene que la  iniciativa no debiera emplazarse en el lugar donde se pretende.”
 Ambos llamaron a las autoridades regionales a agilizar la licitación del estudio de línea de bases del lugar, destinado a otorgar la protección total a la playa, dunas y roqueríos, cuyos fondos fueron aprobados por el Gobierno Regional hace más de dos años y a las autoridades comunales para que asuma la necesidad modificar el Plan Regulador, o al menos, elaborar un plan seccional que permita el cambio del uso de suelo del lugar.