Tras la solicitud de renuncia que le hiciera llegar el Ministerio de Educación a la rectora de la nueva Universidad de Aysén, Roxana Pey, el diputado de Renovación Nacional e integrante de la Comisión de Educación, José Manuel Edwards, manifestó que “es una persona que no reúne los requisitos de pluralidad y transversalidad que requieren las universidades estatales”.

El parlamentario, quien a comienzos de este año presentó una querella contra la rectora invocando la Ley Zamudio por sus dichos discriminatorios a través de twitter, señaló que “ antes de que la Universidad exista, ya está siendo requerida por la justicia por discriminación por Ley Zamudio y ya la quieren echar de su cargo”.

“Eso demuestra que simplemente no está capacitada para ser rectora de una universidad estatal y no está capacitada entre otras cosas, porque no otorga garantías de que su universidad va a ser plural”, complementó el legislador.

En la misma línea, el diputado de RN expresó: “ Qué garantías se tienen de una persona que permanentemente está haciendo ataques políticos contra personas de oposición o contra proyectos de ley ¿Realmente va poder dentro su universidad, existir la pluralidad necesaria para que todas las visiones y la Universidad de Aysén sea un encuentro, una plaza pública de discusión, cuando ella tiene una posición tan marcada?

“Es evidente-continuó- que es una persona que no reúne los requisitos de pluralidad y transversalidad que requieren las universidades estatales”, agregó Edwards.

Respecto a la petición de remoción de la rectora, Edwards manifestó que es evidente la responsabilidad de la Presidenta de la República y el Mineduc. “ Lo que hicieron fue simplemente cuotearla y poner ahí a una activista política de ultra izquierda, y hoy día tienen el problema de que hace declaraciones que no les gusta respecto al proyecto de educación superior”.

Finalmente y frente a la negativa de Pey de renunciar, el parlamentario de RN señaló que “ la universidad de Aysén no ha confirmado sus estatutos, por lo tanto ella tiene la calidad de funcionaria de exclusiva confianza de la Presidenta”.

“A mi juicio, sí cabe que pueda ser removida, dado que en el decreto que la nominó, se hace alusión al decreto 32, numeral 10 de la Constitución política de la República, lo que le da a ella la calidad de una persona que pueda ser removida y no la calidad de rectora de una universidad”, concluyó el diputado.