martes 14 junio de 2016 | Publicado a las 3:50 pm · Actualizado a las 3:50 pm
¿encontraste un error?
avísanos
Envíanos tu corrección
Rechazan bajar medidas cautelares a conductor ebrio que provocó muerte a joven viñamarino
Los hechos ocurrieron el 3 de marzo del presente año, y la defensa solicitó cambiar la prisión preventiva de Tomas Vives para dejarlo en calidad de arresto domiciliario total.
El imputado presentaba 1,65 gramos de alcohol por litro de sangre, cuando perdió el control de su camioneta y chocó de frente con el automóvil de Benjamín Lillo, provocando el deceso del joven. La defensa, solicitó el termino de la prisión preventiva de Vives por haber terminado el plazo de la investigación, presentando como atenuante que el victimario habría detenido su marcha y llamado a carabineros. Con estos datos, el abogado defensor solicitó al Magistrado cambiar la medida cautelar a arresto domiciliario total.
El Juzgado de Garantía de Viña del Mar, rechazó de plano esta medida, debido a que el trabajo en terreno indicó que la camioneta se detuvo por fallas técnicas y a 400 metros del accidente, sin haber registro del supuesto llamado telefónico a la policía.
El abogado querellante de la familia, Jaime Vera, se mostró conforme con la determinación y compartió las palabras de la Jueza.
Frente al Tribunal de Garantía, se desarrolló una protesta de amigos y familiares de Benjamín Lillo, quienes se mostraron tranquilos aunque aún preocupados por como avance el juicio. El hermano mayor de la víctima, Gastón Lillo, se manifestó tranquilo por “sacar a un asesino de la calle”.
Quien estuvo notablemente afectado durante la audiencia fue el padre del joven fallecido en el violento choque, Gastón Lillo, quién cree que el victimario no ha mostrado ningún tipo de arrepentimiento desde que sucedieron los hechos.
El imputado incluso presentó un arreglo económico de 20 millones de pesos a través de un inmueble, para evitar ser condenado con penas de cárcel, solicitud que también fue rechazada por la familia y la Justicia. Ahora, la Fiscalía tiene un plazo de 10 días para presentar datos nuevos y convocar a una nueva audiencia.