La experta en seguridad pública de la Universidad de Santiago, Lucía Dammert, advierte que el inédito oficio anunciado por la Intendencia para castigar a apoderados del INBA por su supuesta responsabilidad en estos hechos “es una estrategia política que no tendrá una consecuencia real”.

Destrozos y rayados fue lo que encontró Carabineros al momento de desalojar el Internado Nacional Barros Arana (INBA), que se encontraba en toma al igual que una oncena de liceos. Producto de ello, el intendente metropolitano, Claudio Orrego, anunció que enviará un inédito oficio al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que este inicie acciones civiles en contra de los apoderados de los estudiantes que participaron en estos hechos.

La experta en seguridad pública de la Universidad de Santiago, Lucía Dammert, consideró que la acción “no tiene un efecto disuasivo. Es una estrategia política, de fijar responsabilidades, pero no tendrá una efectividad real. Solo conllevará un castigo a los padres. Es un recurso poco auspicioso, que quizá tenga ganancias políticas, pero no generará un beneficio social”.

“Lo peor es buscar los culpables del hecho. Lo que hay que intentar es buscar que no se repita y que la comunidad educativa enfrente las consecuencias de lo vivido. No sé si culpar civilmente a los padres por los destrozos llegue a un buen final”, agregó.
Para la académica del plantel estatal, el principal problema de la estrategia radica en el hecho de “criminalizar una situación que tiene ribetes políticos, lo que no es una buena alternativa”.

“Cuando es una toma de un colegio, donde la mayoría de los estudiantes han votado por ella, la solución no es de Carabineros”, enfatiza, haciendo la salvedad de que ello solo podría ocurrir frente a un delito flagrante del cual la institución policial tome conocimiento.

En alusión a las críticas de la Municipalidad de Santiago, que apuntó a una supuesta tardanza en el desalojo policial, Dammert explicó que “lo que está pasando acá es que Carabineros, dentro de sus facultades de acción, pide algún nivel de coordinación, ya sea con la intendencia o el Ministerio del Interior, porque cualquier cosa que suceda tiene que estar bien coordinada con la autoridad política”, sostiene en alusión a los 18 días que demoró la institución en desalojar el INBA pese al oficio presentado por la alcaldía.

“La solución de la toma es mediante el diálogo. Eso no es un tema que lo resuelva la Policía. Deben existir acciones previas de parte de administradores, profesores y padres de los estudiantes, además de conversaciones con las autoridades para evitarla, como lo hizo la alcaldesa hace un tiempo”, sostuvo.

“Lo ideal es que ese tipo de decisiones sean en el marco de la comunidad escolar. Es decir, dialogadas y acompañadas con otros actores. Dejar a jóvenes a cargo de una toma, evidentemente, puede terminar en los estragos que terminaron”, subraya.

Finalmente, la académica reconoció que pese a que la toma no es una acción delictual en sí misma, los destrozos sí lo son. “Este último hecho podría ser considerado criminal, el resto es político. Los estudiantes han herido su propia institución y eso deberán discutirlo internamente, pero criminalizar una situación que tiene ribetes políticos no es la solución”.