jueves 11 febrero de 2016 | Publicado a las 3:08 pm · Actualizado a las 3:51 pm
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Fiscalía de Valparaíso solicitó desafuero y presidio mayor del diputado Urízar (PS)
Se solicitarán penas privativas de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, inhabilitación para ejercer cargos y el pago del 50% de lo defraudado.
![](https://www.epicentrochile.com/wp-content/uploads/2016/02/urizar1.jpg)
Durante la jornada de este martes, la Fiscalía Regional solicitó a la Corte de Apelaciones de Valparaíso el desafuero del diputado Christian Urízar, quien se encuentra desde marzo del 2015 formalizado por fraude al Fisco en 68 millones de pesos en el marco del caso “Fraude a la Intendencia 2”. Esta mañana, el fiscal Patricio Toro, de la Unidad Regional Anticorrupción (URAC), se refirió al respecto diciendo que el martes se entregaron antecedentes de la investigación y que confiaban que a partir de estos documentos, se resuelva acoger el desafuero y una pena privativa de libertad, además de continuar con la causa hasta el juicio oral que se llevará a cabo en marzo.
En caso de que la Corte de Apelaciones acoja la solicitud y que la investigación llegue a tribunales, se solicitarán penas privativas de 5 años y un día de presidio mayor en su grado mínimo, inhabilitación para ejercer cargos y el pago del 50% de lo defraudado en contra del parlamentario y los otros dos implicados: Luis Vásquez, empresario y suboficial de Gendarmería y Carolina Ibaceta, pareja de Vásquez. Por su parte, para Lautaro Correa Castillo, concejal de La Calera, la pena es menor considerando que está involucrado en el delito frustrado.
Además, el fiscal señaló que «se imputa a todos los encausados el delito fraude al fisco. Hay dos aristas de imputación , una vinculada a proyectos obtenidos a través del Gobierno Regional con cargo del 2% del Fondo Nacional de Desarrollo Regional; y el otro dice relación con un proyecto donde el perjuicio fiscal no se pudo consumar, por tanto el fraude se le atribuye a los acusados en grado de desarrollo frustrado». La Fiscalía solicitó penas privativas de libertad en base a pruebas testimoniales y documentales, 100 testigos, más de 300 documentos, set fotográficos y policiales, entre otros medios de prueba.