Corría el año 2000. El país era gobernado por Ricardo Lagos Escobar, quien el 11 de marzo designó a Jaime Estévez a la cabeza del BancoEstado. En la Región de Valparaíso, Felipe Pinochet, un técnico agrícola con residencia en Concón cumplía 13 años desempeñándose en distintas áreas y sucursales de la institución, pero -a su juicio- a contar de ese año, y con la llegada de las nuevas autoridades a la cabeza de la entidad bancaria, todo cambió.

Durante ese año y en los venideros, se realizaron una serie de cambios, comenzando por el nombre: de Banco del Estado pasó a ser BancoEstado. Junto a ello, se exigió el cumplimiento de metas por parte de los trabajadores, principalmente ligadas al “cruce de productos”, o lo que popularmente se le conoce como “ventas atadas”, que no es más que la entrega de créditos de funcionarios a cambio de contratar tarjetas de crédito, cuentas corrientes y/o seguros.

Cuando esta práctica comenzó a hacerse cada vez más habitual al interior de las sucursales donde Pinochet trabajó, sus dudas e impotencia incrementaron; más aún cuando se percató que las cuentas de ahorro de tipo social, una de las más solicitadas a la entidad bancaria, iban “amarradas” a una serie de seguros que mensualmente descontaban a los usuarios entre $1.000 y $2.000.

«A los usuarios se les obligaba a contratar un seguro, que no querían, pero si lo rechazaban no se les podía abrir la cuenta, entonces no les quedaba otra que aceptar. La mayoría de las veces al cliente no se le decía que esta cuenta de vivienda llevaba un seguro, sino que cuando el usuario firmaba papeles, entre ellos iba el seguro. La gente no se daba cuenta que mensualmente le descontaban entre 1.000 y 2.000 pesos”, explicó el hombre de 57 años.

Cabe precisar que esta práctica se aplicaba tanto a las cuentas de ahorro de vivienda como de pensión de alimento, donde la primera se exige por el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) para que las personas depositen en ella el dinero que servirá para obtener posteriormente un subsidio para una casa; mientras que la segunda es solicitada por Tribunales para que el cónyuge deposite el dinero para sus hijos, lo que las convierte en las cuentas más solicitadas por los chilenos.

Este cobro -que si bien no es una cifra muy abultada- mensualmente era retirado de la cuenta por parte del banco, lo que a la larga significaba grandes sumas de dinero. Así es que Felipe Pinochet contó que mucha gente no pudo postular al subsidio de vivienda debido a que no contaban con el dinero requerido por el Serviu para poder ser parte del beneficio.

El técnico agrícola de profesión sostuvo que “el 2004 aproximadamente me di cuenta de esta práctica que era completamente antiética y abusiva. Que era algo que no tenía nombre. Además, el funcionario no le informaba al cliente de este seguro porque a él le servía que los contrataran para cumplir con las metas solicitadas. El problema venía cuando el clientes postulaba al subsidio de vivienda y el Serviu le decía que tenía todo lo correspondiente, pero que en su cuenta de ahorro habían 50 o 100 mil pesos menos que lo solicitado. Ahí iban al banco y les decían que correspondía al seguro que había contratado, lo que provocaba la sorpresa de los usuarios”.

Mientras continuaban estas malas prácticas al interior de BancoEstado, Felipe Pinochet comenzó a recopilar una serie de antecedentes que comprobaran que se estaba cometiendo una ilegalidad con los clientes de la institución, por lo que reunió documentos, grabaciones de audio, videos y hasta recortes de prensa.

Junto a ello, sostuvo conversaciones en reiteradas ocasiones con los gerentes del banco, a quienes les manifestó que lo que se estaba realizando era ilegal e injusto para las personas, en su mayoría de clase media. Sin embargo, esto no trajo más que una constante rotación por sucursales de  Quillota, La Ligua, San Felipe, Villa Alemana, Concón y Viña del Mar; y hasta una degradación de sus labores, terminando el 2010 sentado en el mesón de atención de clientes.

“Estando aún en el banco me preocupé de recopilar muchos antecedentes y después, seguí haciendo este trabajo de investigación estando fuera. Cuando me echaron en agosto del 2010, acudí al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), quien me negó la información. A fines de ese año, la directora regional de ese entonces, Ximena Olivares, averiguó y dijo que no habían reclamos contra BancoEstado por esta situación”, expuso Pinochet.

Tras ello, fue al Consejo de Transparencia de Valparaíso, organismo que obligó al Sernac a entregar los documentos solicitados por ley de Transparencia. Ya con los antecedentes en mano, comprobó que sí habían reclamos en la región, por lo que posteriormente viajó a Santiago para pedirle al organismo central los mismos archivos, pero a nivel nacional. ¿El resultado? Más de 18 mil reclamos desde el año 2008 al 2012.

Mientras el agotamiento mental y corporal comenzaban a doblegar al hombre, éste siguió su lucha en busca de la verdad y acudió a la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus) para presentar sus antecedentes, pero no fueron tomados en cuenta por su director, Hernán Calderón, porque a su juicio “cuando vieron todos los antecedentes que tenía y todo lo que significaba, le bajaron el perfil. Calderón es socialista, igual que muchos de los directores del Banco, entonces no quiso continuar con el tema”.

Indagando aún más en el tema, Pinochet se percató que muchos de los altos cargos de BancoEstado tienen algún parentesco con reconocidos políticos o empresarios. Tal es el caso de la entonces contralora, Jessica López Saffie, quien es prima de José Said Saffie, accionista principal de Mapfre y Metlife, dos de las principales empresas de seguros que operaban con la entidad.

Luego del cierre de puertas constantes, Pinochet aseguró que hace públicos estos antecedentes porque “tuve problemas de salud, se me declaró hipertensión, tuve licencias médicas, alzas de presión, discusiones. Además que no podía faltar a la ética porque no se puede engañar a la gente poco conocedora en trámites bancarios”. Consultado sobre qué espera de esta denuncia, fue enfático: “quiero justicia”, dijo.

 Y justamente en busca de esta justicia, esta semana sostendrá una reunión con el director regional del Sernac, Nicolás Corvalán, a quien le entregará todos los antecedentes recopilados, los que apila en una gran maleta contenedora de seis archivadoras colmadas de antecedentes, discos y recortes de prensa.

Al respecto, el jefe del organismo que defiende a los consumidores, comentó que “me reuní con esta persona y sostuvimos una conversación bien detallada acerca de su visión del problema y le señalé que era importante contar con sus evidencias. Nuestro objetivo frente a cualquier denuncia es que lo analizamos en detalle, y luego resolvemos los caminos administrativos o judiciales que vamos a tomar”.

Consultado BancoEstado, a través de un correo electrónico enviado por El Epicentro a su Departamento de Comunicaciones, no se obtuvo respuesta positiva.