martes 10 noviembre de 2015 | Publicado a las 8:03 pm · Actualizado a las 8:03 pm
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Lipigas confirma investigación por presunta colusión en filial peruana
Desde Lipigas indicaron que la investigación no los perjudicaría puesto que Lipigas adiquirió Lima Gas en 2013 y la investigación se centra en un período anterior a 2011.
La distribuidora de gas Lipigas, ligada al grupo Yaconi SantaCruz y un grupo de inversionistas locales, entre los que destacan Andrónico Luksic y Leonidas Vial, confirmó que su filial Lima Gas es parte de una investigación por parte del organismo de defensa de la libre competencia en Perú por eventual colusión.
Esto luego que el organismo de libre competencia peruano aseguró que dicha empresa se coordinó con Repsol Gas del Perú S.A., Zeta Gas Andino S.A., Llama Gas S.A., Forza Gas E.I.R.L , para realizar incrementos simultáneos de los precios del GLP, especialmente en los cilindros de 10 kilos (los de mayor consumo de la población).
Además, habrían coordinado incrementos de precio de entre US$ 14,28 y US$ 16,69 por tonelada métrica en el caso de la venta a granel y otros envases.
Asimismo, las firmas habrían acordado no traspasar a los consumidores una reducción de los impuestos asociados al hidrocarburo, ni tampoco la baja del 1% en el IVA (IGV) decretada por la autoridad.
«Con fecha 31 de julio de 2015, la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del Perú inició un procedimiento administrativo de oficio para investigar una supuesta concertación de precios en cinco empresas importadoras y/o envasadoras de gas licuado de petróleo en Perú, que se centra en un período anterior a 2011, entre las que se cuenta Lima Gas S.A., filial de la Sociedad, adquirida por Empresas Lipigas S.A. en el año 2013», dijo Angel Mafucci, gerente general de Lipigas en un hecho esencial enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros
En tanto la investigación aún está en su período inicial, por lo que las empresas aún no tienen acceso a los documentos de la investigación. Sin embargo, se estima que la indagatoria podría durar al menos tres años en sólo en su fase administrativa.
De acuerdo a lo consignado por el organismo, las sanciones arriesgarían una multa del 10 por ciento de sus ganancias del año anterior.
