Sólo el 3% de las 70 mil a 150 mil mujeres que por múltiples razones se estima abortan clandestinamente en Chile cada año, quedarían amparadas por la iniciativa legal que busca despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales específicas, en caso de que ésta sea finalmente aprobada por el Congreso Nacional.

La gran mayoría de ellas continuará en las sombras, tras la decisión de poner fin al desarrollo del feto, sin la posibilidad de recibir algún tipo de consejería, acompañamiento u oportuna atención médica y, de paso, arriesgando su vida y ser detenidas por la justicia.

Por consiguiente, el aborto en nuestro país es y seguirá siendo un complejo problema sociosanitario, más allá de la eventual aprobación de dicha iniciativa y de los diferentes puntos de vista que puedan existir entre las personas e instituciones que están a favor o en contra de esa opción.

La anterior fue una de las principales conclusiones surgidas de la jornada “La realidad del aborto en Chile: un análisis desde la salud pública”, que organizó la Facultad de Medicina de la Universidad de Valparaíso, y en la que participaron el senador Guido Girardi, integrante de la Comisión de Salud del Senado; la presidenta del Colegio de Matronas y Matrones de Chile, Anita Román; la investigadora del Observatorio de Equidad de Género en Salud, María Isabel Matamala, y el médico ginecoobstetra Mauricio Besio, integrante del Departamento de Ética del Colegio Médico de Chile.

El encuentro académico congregó a estudiantes, docentes, profesionales de la salud, representantes de organizaciones y público en general, con el propósito de promover la reflexión y el debate en esta materia, en virtud de las amplias repercusiones que ha generado la tramitación del citado proyecto de ley.

Al respecto, el decano de la Facultad de Medicina de la UV, Antonio Orellana, precisó que la idea fue “abrir un espacio de conversación para contribuir al tan necesario diálogo que debe primar siempre en toda sociedad civilizada, al momento de adoptar decisiones de la mayor relevancia, y que en el caso de la probable despenalización del aborto comprende, simultáneamente, complejos aspectos legales, éticos, científicos, religiosos, de derecho, políticos, sociales, de salud pública, de la mujer y la familia, entre otros”.