La Contraloría Regional de Valparaíso desestimó la denuncia presentada en contra de la Empresa Nacional del Petróleo ENAP, por eventuales irregularidades en el empleo de pescadores artesanales de la comuna de Quintero para efectuar las labores de limpieza de la bahía tras el derrame producido en septiembre del año pasado.

La denuncia cuestionaba la legalidad de la acción realizada por ENAP al contratar a los pescadores artesanales para realizar estas labores, argumentando que estas personas no contaban con la experiencia, equipos e indumentaria necesarias para realizar estas tareas, acción que además habría generado daños económicos en la actividad extractiva de la jibia “al utilizar toda la mano de obra necesaria para su extracción”.

En su resolución, la Contraloría acogió los argumentos planteados por ENAP en orden a que los pescadores artesanales tienen la experiencia suficiente para realizar estas labores y que tanto ENAP como sus filiales -entre ellas ENAP Refinería Aconcagua (ERSA)-, “pueden ejecutar acciones que se inserten en el contexto de la responsabilidad social empresarial, entre éstas, compromisos entre las empresas y la sociedad civil para crear instancias de cooperación que permitan contribuir a mejorar la calidad de vida y proveer al bienestar de la comunidad en que se inserta la actividad económica de aquellas”.

“Considerando las consecuencias medioambientales derivadas del hecho producido con fecha 24 de septiembre de2014, además de las instrucciones emanadas sobre el particular’ desde la capitanía de Puerto de Quintero, no se advierte irregularidad en que ERSA haya dispuesto la contratación de personas y/o empresas para realizar labores tendientes a limpiar, contener y recuperar los hidrocarburos y sustancias nocivas derramadas”, señala el documento.

En su fallo, la Contraloría señaló que  escapa a sus ámbitos de competencia establecer que el empleo de los pescadores artesanales en estas labores haya afectado el mercado de la jibia, argumentando que un pronunciamiento al respecto implicaría determinar los componentes propios de dicha actividad económica y los eventuales efectos adversos que se denuncian.