La Contraloría General declaró como ilegal el Censo del 2012 realizado por el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera y que las autoridades de la época calificaron entonces como el mejor de la historia .

Dicho censo “de derecho” no cumplió con normativas contempladas para su cambio metodológico, no respetó el día feriado legal que se establece por ley y no consultó con instrumentos creados para dicho cambio, entre otras irregularidades.

Se evidenció falta de control en los contratos a honorarios y se comprobó la participación en actividades relativas al proceso censal, de una persona ajena a la institución: Vox Comunicaciones Estratégicas SpA, de propiedad del exministro, excandidato parlamentario y presidencial, Laurence Golborne, actualmente investigado en el marco del Caso Penta-SQM.

La acción de Contraloría se inició a partir de la solicitud de diputados de la Democracia Cristiana, quienes al recibir el informe del ente fiscalizador apuntaron a las responsabilidades políticas del caso.

A su vez, el diputado Matías Walker, dijo que la bancada estudiará a partir de ahora las acciones para contribuir a que se determinen las responsabilidades en este caso.

Las antiguas autoridades del Instituto Nacional de Estadísticas, el exministro de Economía Pablo Longueira y el expresidente Sebastián Piñera son los principales apuntados por los parlamentarios.

Sin embargo, para Gabriel Silber, el hecho de que esté involucrada una empresa de Laurence Golborne, amerita un cruce de información, ya que podría incluso pensarse en una “nueva arista” de los casos de corrupción política que investiga el Ministerio Público.