“Cores viajeros”, este es el nombre del asunto con que se envió el correo desde la Intendencia de Valparaíso la nómina final de los consejeros regionales que realizaron el polémico viaje a Turquía y Finlandia, delegación que tras el debate del alto costo del viaje que ascendía a los 40 millones de pesos, se redujo drásticamente de 12 a 3 integrantes de la comitiva.

Sin embargo el análisis de los gastos, según lo indicado por los propios integrantes del cuerpo colegiado, abrirá un nuevo debate que no sólo tocaría al CORE, sino también al intendente Ricardo Bravo.

Lo anterior si se considera que Bravo ya no ostenta el título de presidente del Consejo Regional, por lo que sólo es representante del Gobierno. De ahí que sería parte del debate que esta autoridad también ha efectuado viajes en su calidad de Intendente  fuera del país, pero además con presupuesto de funcionamiento del Gobierno Regional.

Se pudo constatar que lo anterior queda reflejado en jurisprudencia de la Contraloría, pero principalmente en la  Ley Nº 19.175, “ORGANICA CONSTITUCIONAL SOBRE GOBIERNO Y ADMINISTRACION REGIONAL Y JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA”, que impediría al Intendente a echar mano de recursos del Gobierno Regional para sus actuaciones como Intendente y representante del Ejecutivo.

Es decir, por ejemplo en el viaje realizado a España, o a Isla de Pascua, donde se hizo acompañar de una comitiva, teniendo presente que Ricardo Bravo viajó en su calidad de representante del gobierno nacional, correspondía que esa instancia fuera la que financiara los cometidos.

Lo anterior se desprende de la clara separación de funciones del Intendente respecto del Consejo Regional, que en el caso de Valparaíso, tiene a Sandra Miranda como presidenta y representante.

Contrataciones a Honorarios

Lo que se buscaría es que la Contraloría revise y audite los gastos al exterior del intendente Bravo,  como aquellos de representación, aunque existiría un nuevo frente de cuidado, al indicar que muchos asesores de la Intendencia serían pagados con dineros del fondo regional y no por partidas del Ejecutivo, situación que nuevamente entraría en conflicto con la normativa vigente.

Basta con examinar la página de Transparencia para encontrar a 41 funcionarios a honorarios que en la práctica cumplen labores de apoyo al Intendente y no a la Presidenta del Consejo Regional, con remuneraciones desde los 350 mil a los 2 millones de pesos.

De ahí que materia de la discusión que se sostendrá en el Pleno es si existe una falta administrativa o derechamente una malversación de caudales públicos.

Como se dijo la Contraloría tiene jurisprudencia al respecto, donde uno de sus dictámenes en el caso de la Intendencia Metropolitana señala: “las leyes anuales de presupuesto establecen presupuestos diversos para atender los gastos para el desempeño de las funciones de gobierno interior y la de los gobiernos regionales y, en materias de personal, siempre se han considerado separadamente las dotaciones de cada servicio. Los gastos en personal del Intendente de la Región Metropolitana en labores de gobierno interior, se efectúan con cargo a los recursos que la ley de presupuestos contempla para esos fines en el programa «Servicio de Gobierno Interior», en tanto los gastos por esa naturaleza para el funcionamiento del Gobierno Regional Región Metropolitana de Santiago”.

Lo anterior aparece refrendado en la mencionada Ley Nº 19.175 que indica: ”sin desmedro de la limitación de la glosa 08, común a los capítulos de Gobierno Interior, en orden a que no podrá contratar con cargo al presupuesto de funcionamiento del gobierno regional, a personas que laboren en los Servicios de Gobierno Interior”.