Hasta la Contraloría General de la República llegó esta mañana el senador Francisco Chahuán para solicitar que ese organismo se pronuncie respecto de la desvinculación de 158 funcionarios del sector salud ocurridas entre septiembre de 2014 y enero de este año y que a juicio del parlamentario estarían atentando contra el principio de juridicidad establecido en el artículo 6º de la Constitución, lo mismo que el artículo 19 número 2  de la Carta Fundamental.

El parlamentario, quien concurrió acompañado de la ex seremi de Salud Metropolitana, Rosa Oyarce y uno de los funcionarios exonerados, explicó que ingresaron una solicitud de pronunciamiento respecto a la legalidad de las desvinculaciones de funcionarios públicos de distintos servicios del sector, precisando que de los 158 casos individualizados, 45 se desempeñaban en la Subsecretaría de Redes (17 a contrata, 28 a honorarios); 76 en la Subsecretaría de Salud (53 a contrata y 23 honorarios); y 37 a distintas seremías.

Chahuán sostuvo que la información de este primer grupo llegó por oficio del Ministerio de Salud, subrayando que “creemos que se están infringiendo gravemente los principios de estabilidad de las funciones y el hecho de que las desvinculaciones deben ser razonadas, por lo que se estaría infringiendo lo dispuesto por los dictámenes de Contraloría 26029 del 3 de agosto de 2005 y los precedentes de los fallos de la Corte de Apelaciones de Valparaíso en recurso de protección  263-2010.”

Asimismo, el senador RN manifestó que “creemos que se está atentando contra el principio de juridicidad establecido en el artículo 6º de la Constitución, lo mismo que el artículo 19 número 2  de la Carta Fundamental” y llamó a la Contraloría a que “se pronuncie en torno a las desvinculaciones que nos parecen ilegales y arbitrarias, al no estar motivadas por antecedentes fundados.

En tanto, la ex seremi de Salud Metropolitana, Rosa Oyarce, dijo que esta presentación tiene que ver con la cantidad de despidos y exoneraciones de funcionarios que, según la ex autoridad “afectan a más de 5 mil funcionarios del sistema público, esencialmente de salud”.  Oyarce dijo que con este tipo de hechos “hoy pierden las personas y el país, porque se trata de gente con expertise que estaba implementando políticas públicas, muchos de quienes no militan en partidos y sin embargo han sido exonerados para ocupar sus espacios con cargos políticos.

En la presentación también participó Miguel Ángel Arce, quien se desempeñaba como coordinador en la seremi de Salud metropolitana y acusa haber sido perseguido y hostigado hasta que le fue notificado su despido, mientras hacía uso de licencia médica.