A solicitud de Modatima (Movimiento de defensa por el acceso al agua, la tierra y la protección del medio ambiente), en enero del año pasado el Instituto Nacional de Derechos Humanos resolvió iniciar una investigación para conocer los alcalces de la  problemática de escasez hídrica que afecta a las comunas de La Ligua, Cabildo y Petorca.

Lo anterior con el fin de recopilar antecedentes a efectos de constatar una eventual afectación de los derechos a la salud, el derecho al agua u otros DDHH de los habitantes de dichas comunas. La Dirección del INDH, en mérito de dichos antecedentes, determinó efectuar una misión de observación a la Provincia de Petorca.

En  el problema que origina la falta de agua,  la única causal no sería la sequía sino también  el robo de agua, y principalmente por la sobre explotación del vital elemento por parte de mineras y agrícolas, quienes han inscritos los derechos respectivos.

Respecto al robo de agua, el informe del INDH indica que: «La extracción ilegal le corresponde perseguirla al MP, pero previa denuncia, usualmente de la DGA. En cuanto a los procesos sancionatorios de la DGA remitidos al Ministerio Público entre los años 2010 hasta agosto del año 2014, de un total de 447 expedientes, 71 de ellos fueron remitidos al Ministerio Público. Información proporcionada por oficio respuesta de la DGA».

Añade que «Rodrigo Weisner –en su calidad de ex Director General de la DGA– atribuye como causas de la problemática hídrica el que la institucionalidad chilena solo ha regulado la función productiva del agua, lo que, de acuerdo a su testimonio, resulta manifiestamente insuficiente. En cambio, la función de subsistencia, que es consumo humano, solo está regulada de una manera oblicua e indirecta; hay algunas normas dispersas que permiten de alguna manera salvaguardar el rol del acceso humano, pero falta un mayor ordenamiento y sistematicidad al respecto».