Una fuerte crítica a la formulación de la Ley de Presupuestos, realizó el presidente de la Comisión de Educación, Arte, Cultura, Deporte y Recreación del Consejo Regional (CORE) de Valparaíso, Daniel Garrido Quintanilla, debido a los cambios y excesivas restricciones que establece para el desarrollo de los concursos de los fondos correspondientes al 6% de Cultura, Deporte y Seguridad Ciudadana.

Entre los reparos está el que se haya aumentado de 6 meses a 2 años la antigüedad que deben tener las personalidades jurídicas de las organizaciones sociales que postulan a estos concursos, “lo que evidentemente deja afuera a muchas entidades vecinales. Es decir, lo que hace la ley es limitarles la opción de obtener recursos a través de esta vía, que son muchas veces los que mantienen vivas a estas pequeñas instituciones”, dijo Garrido.

A ello agregó que “los parlamentarios carecen de trabajo en terreno, porque desconocen la realidad, la dinámica y todas las dificultades que tienen para funcionar las organizaciones sociales, a las cuáles les cuesta agruparse, renovar sus personalidades jurídicas y realizar todos los procedimientos, trámites y requisitos que se les exige”.

​En tanto, una segunda crítica dice relación con “la merma en las atribuciones que la Ley Orgánica de los Gobiernos y Administración Regional le otorga a los consejeros regionales, electos directamente por la comunidad, pues la nueva Ley de Presupuesto establece que los cores ya no votarán directamente los proyectos del denominado concurso del 6%, sino que deben elegir un comité resolutivo, formado por funcionarios públicos, y es esa la instancia la que decide la distribución de los fondos”.

Cabe señalar que la Asociación Nacional de Consejeros Regionales de Chile (ANCORE), presentó un requerimiento a la Contraloría, por cuanto, esta ley vulneraría la ley orgánica que rige a estos cuerpos colegiados, que es un cuerpo legal superior a la de Presupuesto.

También, a través de la presidenta del CORE de Valparaíso, se solicitó al Ejecutivo que informe formal y públicamente a la comunidad cómo se va a implementar en la práctica estas nuevas exigencias contenidas en la Ley de Presupuestos, de modo de dar claridad a las organizaciones sociales, para el concurso que se encuentra en marcha y cierra sus postulaciones el próximo 29 de Enero.

​Además, “todas estas observaciones se suman a los obstáculos que ponen otras leyes a la entidades sociales sin fines de lucro, tales como la Ley 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, que establece una serie de dificultades para la organización de los vecinos”, señaló el consejero regional.

​Garrido concluyó, indicando que “esta situación va absolutamente en contra del discurso de la Presidenta Michelle Bachelet, y el trabajo de la Comisión de Descentralización, pues le resta autonomía a autoridades electas directamente por la gente, e impide el que todas las organizaciones tengan las mismas oportunidades de acceder a los fondos públicos”.