Esta mañana, la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, junto a los ministros de Interior y Seguridad Pública, Rodrigo Peñailillo; de Hacienda, Alberto Arenas; y de Justicia, José Antonio Gómez, firmó la indicación sustitutiva al Proyecto de Ley que Fortalece el Ministerio Público, que actualmente se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado. Con ello, se busca perfeccionar la iniciativa, incluyendo todos los aspectos que afectan el desempeño del órgano persecutor, de manera de modernizarlo de acuerdo a los requerimientos ciudadanos y de sus propios funcionarios.

Al hacer uso de la palabra, la máxima autoridad enfatizó que “tener más y mejor justicia requiere, entonces, de Fiscalías con más recursos económicos, más fiscales adjuntos y profesionales, y también con mayor grado de especialización, para que puedan responder a la complejidad creciente de los delitos”. Y añadió que “por eso hoy estamos aquí, reafirmando nuestro compromiso como Gobierno de tener un Ministerio Público con los mejores profesionales, que conozcan las denuncias, dirijan las investigaciones, lleven a cabo las acciones en tribunales y además brinden apoyo y protección a los testigos y víctimas”.

El 2015 se cumplen 10 años de la entrada en vigencia en todo el territorio nacional del actual sistema de justicia penal y, por tanto, de operación del Ministerio Público, que en todo este tiempo ha trabajado con similar cantidad de recursos humanos y estructura institucional. “Con este mayor caudal de investigaciones, para nadie es un misterio que las fiscalías desempeñan sus funciones sobre exigidas y con altas cargas de trabajo. Como consecuencia, no siempre logran responder con la prontitud y efectividad  que muchas veces los ciudadanos quieren”, acotó la Mandataria.

Para la elaboración de esta indicación se conformó una mesa de trabajo compuesta por los ministerios de Hacienda y Justicia, además del Ministerio Público. También, fueron escuchadas las Asociaciones de Funcionarios y la Asociación Nacional de Fiscales. Este grupo elaboró un documento con todas aquellas materias que debían ser incluidas en la iniciativa legal y que eran necesarias para su fortalecimiento, de acuerdo a la realidad actual de la institución.

La propuesta del Gobierno incluye un aumento en la dotación de 202 cargos más respecto a los aprobados actualmente en el Proyecto de Ley en trámite -que contemplaba 373-. En total, se propone un incremento de 577 nuevas plazas a lo largo de todo el país: 122 fiscales, 203 profesionales, 82 técnicos y 170 administrativos, que representa un crecimiento de más del 15% del personal. Esto permitirá disminuirla carga laboral de los funcionarios y realizar mejor su trabajo.

El proyecto contempla también medidas para incentivar la permanencia de los profesionales, como ajustar los grados en diferentes estamentos y regular el sistema de ascensos. Se establece también que, al menos el 30% de los cargos vacantes de fiscales y funcionarios, deberá proveerse a través de concurso público.

Paralelamente, se creará la figura de subrogancias y suplencias, para asegurar la continuidad de las tareas e investigaciones que se estén llevando a cabo en cada caso. Esto garantizará a las personas que sus causas se seguirán tramitando, independiente de cuál sea la situación particular del fiscal a cargo.

Asimismo, se fortalecerá la investigación de los delitos más comunes, que son los que demandan más trabajo a los tribunales, mediante la implementación de un Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos dedicados a diseñar planes de persecución estratégicos diferenciados para los delitos que afectan más a la población.

La reforma legislativa original considera un presupuesto cercano a los 16 mil millones de pesos, los que ascienden a 30 mil millones con las nuevas materias incluidas en esta indicación.

Al finalizar su discurso, la Presidenta de la República subrayó que “si estamos comprometidos con el Ministerio Público, con su modernización y sus necesidades, es porque la equidad en el oportuno acceso a la justicia para todos y todas, es un valor fundamental para el desarrollo social, económico y democrático de nuestro país”.