Una caída de 55 mil hectáreas menos en forestación y una reducción de 111 mil plantas  producidas en viveros en los últimos siete años, son sólo algunos de los efectos de la ausencia de la Ley de Fomento Forestal o Decreto Ley 701, que preocupa a pequeños propietarios y en especial a los viveristas de las zonas forestales, ubicadas entre las regiones del Maule y Los Ríos.

Esta normativa data del año 1974, y se dictó como una forma de entregar relevancia económica a las plantaciones forestales y fomentar el desarrollo de este sector. De esta manera, el Estado entregaba un subsidio o bonificación para que pequeños propietarios plantaran en suelos de aptitud forestal. Este cuerpo legal, fue modificado en 1998 con una nueva ley que estableció el incentivo a la forestación en suelos degradados para su recuperación o estabilización en dunas de superficies frágiles en procesos de desertificación.

El Decreto Ley 701 se encuentra estancado desde el año pasado, luego de recibir 500 indicaciones durante su tramitación en el Parlamento. Sin embargo, el ministro de Agricultura, Carlos Furche, anunció que la actual administración determinó prorrogar este decreto por dos años, ante la imposibilidad de promulgar una nueva iniciativa legal ya que, antes de ello, se requiere contar con una nueva institucionalidad pública para el sector que, entre otras cosas modifique la naturaleza jurídica de CONAF, actualmente una corporación de derecho privado.

Mauricio Leonelli, gerente general del vivero Piedra del Águila de la Región de la Araucanía,  explica cómo se ha comportado el mercado de las plantaciones forestales desde 2005 a la fecha, afirmando que cuando había Decreto Ley “se plantaban alrededor de 25 mil hectáreas al año y actualmente se cultivan 3 mil hectáreas y no estoy incluyendo la reforestación, que es lo que se planta cuando se corta un bosque”.

Y agrega: “las nuevas superficies que se están incorporando a las zonas forestales son muy pocas respecto de los años anteriores o cuando han existido incentivos. Y eso repercute muy fuertemente en los viveros. En la IX Región habían por lo menos 250 viveros cuando había incentivos forestales: hoy no somos más de 15 ó 20”.

Leonelli plantea que al no existir un incentivo de parte del Estado para plantar, los pequeños propietarios no invierten en ello, debido a que es una apuesta a largo plazo y no cuentan con los recursos, considerando que el pino demora 20 años y el eucalipto 12 para establecer una plantación.

Por ello, el viverista de La Araucanía propone que, “se discuta un nuevo cuerpo legal para incentivar las plantaciones especialmente en los pequeños agricultores y en suelos de aptitud forestal, pero esta vez con un énfasis en la diversificación, idealmente en nuevas especies y nuevos objetivos de plantación, por ejemplo, incentivos en plantaciones energéticas de alta densidad para producir biomasa para el abastecimiento de centrales o producción de etanol”.

El gerente general de Agromen en la Región del Biobío, José Manuel Contreras, coincide en las mermas que ha experimentado el rubro en los últimos años sin incentivos estatales y lamenta que “la proyección sigue siendo a la baja y que, además, el hecho de no plantar, no solamente afecta a nuestros trabajadores y nuestro negocio, sino que perjudica también a los dueños de terrenos”.

El empresario agrega que es preocupante la disminución de personal como también la desaparición de los pequeños y medianos propietarios dedicados a la forestación, quienes representaban un 80% de sus clientes. Y precisa: “Estábamos en el orden de 18 millones de plantas al año en producción y hoy son 13 millones, gracias a la demanda de las grandes empresas que tienen sus planes de forestación y reforestación”, comenta el gerente general de Agromen.

En tanto, Rodrigo Correa, del vivero Tripán del Maule, comenta que las ventas no han disminuido tan ostensiblemente, aunque reconoce que ello se debe a “los incendios forestales que generaron una importante demanda de plantas por parte de las grandes empresas. Pero la compra de plantas para nuevas plantaciones ha bajado mucho, concentrándose principalmente en el reemplazo de plantaciones o en reforestaciones sobre terrenos que ya estaban cultivados”.

Correa también explica que el último año han reducido la producción, proyectando una demanda a la baja. En relación al DL 701 comenta que “debe estar enfocado principalmente en pequeños propietarios y no en los forestadores más grandes, aunque no sé si eso va a mejorar la demanda ostensiblemente”.

El propietario de Tripán confía en que la prórroga de este incentivo pueda revertir la baja que han sufrido en los últimos años, aunque se deben entregar más facilidades a quienes estén interesados en plantar. Y concluye: “Creo que en Chile hay mucha superficie factible de ser forestada y los inversionistas que no están considerados en el subsidio, no están interesados en participar porque su rentabilidad baja mucho sin subsidio y esos terrenos van a seguir sin ser forestados”.