La Jefa de Estado, Michelle Bachelet, junto a los ministros de Hacienda, Alberto Arenas, de la Secretaría General de la Presidencia, Ximena Rincón, y del Trabajo y Previsión Social, Javiera Blanco, firmaron esta tarde la promulgación de la ley que precisa normas vigentes para asegurar los derechos de los y las manipuladoras de alimentos de establecimientos educacionales.

La máxima autoridad del país afirmó que “esta ley es importante, porque exige mejores condiciones laborales a las empresas que prestan servicios de alimentación al Estado y, junto a ellas, a todas las que son contratadas a través de licitaciones o contrataciones periódicas por el sector público. Es decir, va a beneficiar a manipuladoras y manipuladores, pero también a otros trabajadores, cuyas empresas, a través de licitaciones, trabajan para el Estado o reparticiones públicas”.

En este sentido, la Mandataria hizo hincapié en que “todas las empresas que ayudan al Estado a servir a Chile, deben ser las mejores y tener prácticas laborales destacadas. En este Gobierno estamos convencidos que el ejemplo en materia de derechos laborales debe partir por casa y alcanzar a todos los trabajadores y trabajadoras”.

Esta normativa busca dignificar y reconocer el trabajo que realizan esforzadamente cerca de 40 mil manipuladoras de alimentos en todo Chile, que desde hace años exigen una mejora en sus remuneraciones, y también ratifica la decisión del Gobierno de la Presidenta Bachelet de reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres y mejorar las condiciones de vida de las trabajadoras, no sólo durante su vida laboral, sino también una vez que jubilen, ya que con este acuerdo podrán aumentar el monto de sus pensiones.

La nueva ley establece que a partir de las próximas licitaciones del Programa de Alimentación Escolar y de Párvulos (marzo de 2015), incorporará la exigencia de que los oferentes consideren, en forma obligatoria, una asignación especial y permanente en favor de las manipuladoras, denominada “Bono Manipulador/a de Alimentos PAE/PAP”. Esto se efectuará mediante la incorporación, como requisito básico para participar del proceso licitatorio, de una asignación equivalente a $67.500 pesos como mínimo, que significa un incremento en el salario bruto mensual de las trabajadoras. Aquellas ofertas que consideren una cantidad superior a esta cifra serán retribuidas con mayor puntaje técnico.

Asimismo, como “Criterio de Evaluación Técnica” de las licitaciones para contratar el servicio de manipuladoras por parte del Estado, se dará prioridad a quien oferte mejores condiciones de remuneraciones (sueldos de mayor valor y otras bonificaciones especiales durante el año, tales como para el inicio del año escolar, aguinaldo Fiestas Patrias y Navidad) y aquellos que incorporen gratificaciones que no dependan de la existencia de sus utilidades. Asimismo, a quienes contemplen la duración indefinida de los contratos, así como condiciones laborales que resulten más ventajosas para sus trabajadores.

También, prorroga automáticamente por los meses de diciembre, enero y febrero, los contratos del personal manipulador de alimentos que se encontraren vigentes al mes de noviembre y por el cual hayan prestado servicios continuos por 6 meses y contempla el pago de las remuneraciones de dichos meses en las mismas condiciones de los precedentes.

Además, determina que si los contratos de los trabajadores manipuladores de alimentos, terminan por necesidades de la empresa el empleado tendrá derecho, además de la indemnización por años de servicio, a las remuneraciones correspondientes al plazo que entre la fecha de terminación y el día anterior al mes de inicio del siguiente año escolar, siempre que  se hayan prestado servicios continuos por 6 meses dentro del año escolar.

Al concluir su intervención, la Jefa de Estado enfatizó que “un país más justo también se construye apostando por mejores condiciones en el trabajo, estimulando buenas prácticas en las empresas y premiando a quienes se comprometen con sus trabajadores y trabajadoras”.