La diputada Karla Rubilar (Amplitud) llegó hasta la Contraloría General de la República para denunciar las irregularidades, que hizo públicas este fin de semana, respecto del diseño y construcción de los Hospitales de Ancud y Quellón; lo que generaría un retraso de a lo menos dos años que perjudicará a los habitantes de esas zonas.

El oficio de fiscalización presentado por la diputada considera tres aristas; la primera en relación a las irregularidades en la construcción de los hospitales de Ancud y Quellón, la segunda que tiene que ver con las denuncias realizadas por los propios funcionarios de salud respecto de las asignaciones profesionales y concursos públicos;  y en tercer lugar el déficit económico que presenta el Servicio de Salud de Chiloé.

Respecto del diseño y construcción de hospitales, la diputada Karla Rubilar manifestó que: “Creemos que ha habido una negligencia inexcusable por parte de las autoridades al vencerse esos contratos de diseños; al no haberlos caducado si los encontraron malos; al no haber hecho valer las boletas de garantía. Hoy día el problema que tenemos ahí significa- probablemente- un atraso en dos años- si termina judicializado y no se llega a acuerdo”.

En relación a los problemas en materia de recursos humanos, la diputada dijo que: “Hay funcionarios que no tendrían sus títulos validados en Chile y a pesar de ello tendrían asignación profesional, así como otros que tendrían asignaciones críticas que no les corresponde, como las que se entregan a los funcionarios de la Isla de Quinchao. Por otra parte, hay personas contratadas sin ningún concurso público; que está dentro de las atribuciones pero no se respetan los concursos como en el caso de un conductor de ambulancia de hospital denunciado por los mismos funcionarios”, lo que en parte gatilló también la paralización de los funcionarios del Hospital de Castro.

Finalmente, la diputada Karla Rubilar apuntó sus dardos a la Directora del Servicio de Salud de Chiloé, Paulina Reinoso, porque este servicio ya tendría un déficit de 3 mil millones de pesos, sólo en seis meses de gestión, y donde se debieron retirar dineros de la atención primaria para pagar sueldos de los funcionarios, como así mismo deudas a proveedores y mal uso de recursos fiscales.

“Hay sobre ejecución de algunos ítems autorizados por el Subdirector Administrativo; hay traspasos de un ítem a otro, que no corresponden y que podría constituir malversación de recursos públicos, para pagar dineros con recursos de la atención primaria. Es decir, que va en desmedro de los consultorios de la isla”.

“La situación en la isla en materia de salud – continuó- es bastante crítica y por lo tanto, hemos decidido que se tomen cartas en el asunto por el propio Contralor General de la República a fin que esta investigación tenga el rango más elevado y la priorización más clara”, concluyó Rubilar.