En el marco del cumplimiento de los dos años de la puesta en marcha de la Superintendencia de Educación, su Directora Regional Rosa Lozano realizó un balance de las principales acciones realizadas, en especial, lo que tiene relación con las denuncias y fiscalización en los distintos tipos de establecimientos reconocidos por el Estado.

La misión de esta institución es contribuir al aseguramiento de la calidad de la educación escolar, velando porque estos y la comunidad escolar cuenten con los elementos necesarios –fijados por normativa- para llevar adelante el proceso educativo a través de la fiscalización, orientación y atención ciudadana.

En este sentido, la autoridad señaló que durante el año 2013 el monto de las multas impuestas a los Establecimientos Educacionales que infringieron la normativa superó los $520.000.000. Esta cifra fue descontada a los establecimientos municipales y particulares subvencionados a través de la Unidad Regional de Pago de la Secretaría Regional Ministerial de Educación, mientras que los particulares que fueron multados y cuyo pago no ha sido efectuado, se  ofició a la Tesorería para que se ejecute dicho cobro.

“Nosotros tuvimos en el 2013 un 63% de aplicación de multas en todos los procesos administrativos y a un 18% solamente se les aplicó una amonestación verbal o escrita de acuerdo al proceso administrativo y hubo un 7% que fue sobreseído porque no se logró comprobar la vulneración de derecho o el incumplimiento de la normativa, mientras que hubo un 12% que pasa a archivo y esto tiene que ver con aquellas denuncias que no nos corresponden porque no están dentro de nuestras atribuciones”, señaló la Directora Regional.

En lo que va del 2014, la Superintendencia Regional ha instruido y terminado 253 procesos administrativos, siendo encabezados los procesos por las irregularidades arrojadas a través del Programa de Rendición General y PIE con 108 procesos, seguido por lo detectado a través del Programa de Visita Integral con 48.

Otro dato importante es que los establecimientos particulares subvencionados encabezan los procesos administrativos en la región con 143, mientras que los particulares pagados solo presentan un proceso a la fecha.

En cuanto a las multas aplicadas en el 2014, 230 han recibido multas menores a 501 UTM, mientras que los 23 restantes, sus multas superan las 501 UTM.

DENUNCIAS

El 2013, esta institución recibió en el periodo de enero a agosto un total de 738 denuncias, mientras que en iguales meses este año, la cifra se  eleva a 890.

“Las denuncias que más se destacan a nivel regional y nacional son las que tienen que ver con el maltrato escolar o la violencia escolar. A la fecha, tenemos 291 denuncias que vienen  a ser un 33% del total de denuncias en lo que va del año. Estas tienen que ver con el maltrato físico y psicológico entre todos los miembros de la comunidad  escolar; estamos hablando entre  adultos, de apoderados a docentes, de docentes a apoderados o asistentes de la educación, entre estudiantes, de adultos a estudiantes o de estudiantes a adultos”, sostuvo Rosa Lozano.

Del total de casos para este año, 723 denuncias figuran como cerradas por el sistema, es decir, se dio respuesta a los usuarios dentro de los plazos legales, acorde con lo señalado por la normativa, mientras que 118 se encuentran en fiscalización y 12 en fiscalía, mientras que el resto están en proceso de investigación preliminar y análisis de antecedentes.

Otro ámbito de denuncias es el del incumplimiento  de las obligaciones laborales y al respecto, Lozano indicó que “ya llevamos 147 denuncias por este ítem que tiene que ver con no pago de cotizaciones previsionales, de sueldos y  de todas las asignaciones que se entregan debemos fiscalizarlas  porque se entiende que muchos de los bonos, aguinaldos son dineros del Estado, es decir, dineros públicos que se entregan directamente al sostenedor para ser transferidos a su personal, entonces, ahí hay un mal uso de recursos públicos si no se paga lo que está determinado”.

Cabe destacar que ya se han realizado 1.153 visitas en terreno a distintos establecimientos educacionales.

La Dirección Regional de la SUPEREDUC destacó que por  primera vez se ha hecho la rendición de  cuentas a nivel general, instancia que no se había hecho anteriormente y se otorgó un nuevo plazo para los rezagados que vence el 8 de septiembre para completar el proceso de la subvención general.

“Es importante que rindan cuentas, porque ayuda al establecimiento a transparentar a la comunidad el buen uso que hacen de los recursos públicos que le entrega el Estado. Más que un trámite, se transforma en una ganancia para la escuela  esta rendición”, afirmó Lozano.

Caso de denuncia a docente en Limache

Sobre la denuncia conocida esta semana de un caso de posible abuso sexual y acoso a menores que involucra al profesor del colegio Teniente Hernán Merino de Limache, David Pacheco Jorquera, Rosa Lozano explicó que si bien no es competencia de la Superintendencia de Educación investigar el delito, sí se aplican protocolos que a cargo de profesionales de la unidad de denuncias de la SIEE, para constatar que el sostenedor y establecimiento educacional cuenta con los procesos y protocolos de actuación apropiados para enfrentar una situación como la ocurrida y si al contrario ellos no prevean ni tienen  medidas que aseguren el poder proteger a los menores que estudian en la escuela. La SIEE para prevenir que estos hechos sucedan aplica el Programa de Inhabilidad para trabajar con menores el que consiste en cruzar datos de sujetos inhabilitados para trabajar con menores y escuelas con la plataformas del MINEDUC donde se encuentran los datos de todos los funcionarios de los establecimientos educacionales, lo que genera una fiscalización en la escuela y la aplicación de medidas que corresponde al hecho.

“En la SIEEE a nivel nacional se cruzan los datos que tienen el Ministerio Público y el Registro Civil de aquellas personas que tienen antecedentes o inhabilidades para trabajar con menores de edad y esto se cruza con los datos que suben los sostenedores a las plataformas del ministerio de todos los funcionarios que tienen al interior de sus establecimientos y ahí, a nivel país, muchas veces se encuentran establecimientos donde hay funcionarios que tienen estas inhabilidades e inmediatamente se hace la fiscalización, se hace el proceso que corresponde y se exige que esa persona deje de laborar allí”.