El Juzgado de Garantía de Valparaíso declaró admisible la querella interpuesta por la concejal Ruth Cáceres, donde se solicita investigar los delitos de falsificación de instrumento público y uso malicioso en el marco del proyecto Mall Puerto Barón. Esto al dar cuenta de una supuesta apropiación ideológica de terrenos pertenecientes a la Empresa Ferrocarriles del Estado para autorizar el permiso de obras del mencionado proyecto de Plaza S.A.

En la acción presentada con el patrocinio del abogado Rodrigo Avendaño, se solicita investigar la eventual responsabilidad de la ex directora de Obras de la Municipalidad de Valparaíso, Adriana Germain Peirano; del gerente general de la de Empresa Portuaria  de Valparaíso S.A (EPV), Harald Jaeger; del gerente general de empresa Plaza Valparaíso S.A, Oscar Munizaga Delfin; del actual director de Obras, Matías Valdés; de los arquitectos del proyectos, Patricio Silva Barros y Mario Inostroza Ulloa, y de todos aquellos que resulten responsables de los mencionados ilícitos.

Tras la decisión del Tribunal Porteño de acoger a tramitación el libelo acusatorio y derivar los antecedentes al Ministerio Público para la designación de un fiscal a cargo, la concejal Ruth Cáceres señaló: «en mi rol de concejal y asumiendo mis obligaciones de fiscalización dentro de un régimen democrático, he puesto a disposición de la justicia una serie de irregularidades que podrían constituir un delito de falsificación de instrumento público y uso malicioso del mismo que se habrían cometido durante el procedimiento de otorgamiento del permiso de edificación del proyecto Mall Puerto Barón para que sean investigados por el Ministerio Público”.

La edil agregó que “si amerita que sean sancionados, espero se aplique el máximo de las penas contempladas para los funcionarios públicos y demás personas que intervinieron o se beneficiaron con ello».

El abogado Rodrigo Avendaño indicó que el ilícito que se investigara dice relación con una eventual maniobra para salvar el principal inconveniente que impedía la aprobación del anteproyecto y del permiso de obras del proyecto Mall Barón, “ya que la norma legal exige que un equipamiento mayor enfrente una vía troncal o expresa, situación que en ningún caso cumple el terreno de la EPV”, indicó.

Agregó que para ello se habría simulado que la línea del tren de EFE era de propiedad de la estatal Empresa Portuaria de Valparaíso y para ello se le habría asignado dirección por Av. Errázuriz, incluso con el N° 2291 y “además se le otorgó aptitudes urbanísticas a un terreno que por ley es intransferible, como lo es la línea férrea, en otras palabras se dijo que la línea del tren era parte del terreno concesionado a la empresa Plaza Valparaíso S.A”, señaló Avendaño.

En la querella se indica que esta situación habría estado en conocimiento tanto de la plana ejecutiva de la EPV, de la dirección de Obras de la Municipalidad de Valparaíso, como de la empresa Plaza Valparaíso S.A.

“Luego en todo el proceso de tramitación del permiso otros profesionales habrían usado ese documento, donde se utiliza el rol de EFE para emitir sus informes señalando que el proyecto cumplía con las normas urbanísticas, pero en realidad se referían sólo a la línea del tren, y no al terreno de propiedad de la estatal EPV”, precisó el abogado Avendaño.