Al constatar que la Inmobiliaria Desco continúa con las obras de construcción del Mall Marina Arauco 2, ubicado en 14 Norte, pese a la orden de suspensión emanada de de la Dirección de Obras de la Municipalidad de Viña del Mar, el consejero regional Manuel Millones indicó que este desacato a la autoridad no puede pasar por alto y debe corregirse a la brevedad.

“Por  cierto que indigna que Desco sea tan prepotente y se mate de la risa de las autoridades, por cuanto y pese a que se conoció recientemente, el decreto 32 de la Dirección de Obras tiene fecha de enero del 2014. Sin embargo la constructora sigue haciendo los trabajos de excavaciones como si nada”, indicó el Core.

Millones explicó que “esto da cuenta que Desco opta por pagar las irrisorias multas y seguir con las faenas, de manera que después sea imposible paralizar los trabajos y se amparen en derechos adquiridos pese a que las edificaciones se sustentan en vulneraciones a las normas de la Ordenanza y del Plan Regulador”.

“Esto no puede pasar en Viña del Mar y aquí una observa que pese a estar en un Estado de Derecho, este no se respeta por algunas constructoras e inmobiliarias, y es más, se burlan de las autoridades y ciudadanos. En efecto, si el director de Obras hace lo correcto, ordena paralizar las obras y fundamenta su determinación, finalmente da lo mismo que el funcionario ejerza su rol y vele por el cumplimiento de las normas, ya que la constructora e inmobiliaria hace lo que quiere”, recalcó.

“Por lo mismo hay que ir a tribunales y pedir una orden de no innovar, espero que en esa instancia el privado se allane a cumplir las normas y se ejecuten las obras de acuerdo a lo que sí es licito”, apuntó el consejero por Viña del Mar y Concón.

 Manuel Millones agregó que “hay que decir que el privado puede ejecutar su proyecto, pero debe cumplir con la legislación, este no es una paraíso fiscal para cometer aberraciones urbanísticas de alto impacto a los ciudadanos y cuyo daño es irreversible, por tanto es de esperar que hagan el EISTU y respondan con las obras de mitigación, y donde las autoridades sólo deben pedir lo mismo que a otros emprendimientos similares, nada más que eso”.

“El tema es concluyente, hay que dar facultades a los municipios para que no sucedan este tipo de situaciones y las Direcciones de Obras tengan mayores atribuciones para velar por el cumplimiento de las normas y donde los EISTU duren lo mismo que el permiso de edificación, que es tres años y que los permisos de obras no pueden ser prorrogados con artilugios como fue este caso por 14 años. No es posible que bajo la justificación de que para una territorio es importante la inversión por el impacto positivo en el empleo y la actividad económica local, se permita cualquier cosa, en especial proyecto que alteran la calidad de vida de los residentes”, apuntó el core Millones.