El Juzgado de Garantía de La Calera formalizó esta mañana investigación contra la ex Directora de Asesoría Jurídica y actual administradora municipal, abogada Loretto Court, por el presunto delito de “forzar o inducir” al alcalde Eduardo Martínez al también supuesto “desacato” al disponer la demolición del inmueble donde funcionaba la Universidad de Aconcagua, en avenida Latorre. 

La formalización fue solicitada al tribunal por la Fiscalía loca, conjuntamente con la Universidad de Aconcagua (UAC) y el Consejo de Defensa del Estado, en la causa que se sigue contra el alcalde Eduardo Martínez por desacato.

Recordemos que este proceso tuvo su origen en la decisión alcaldicia de dictar un decreto y disponer la demolición del viejo inmueble de adobes y madera que había sido entregado en comodato a la UAC, institución de Educación Superior que se había negado sistemáticamente a restituir el inmueble, ubicado en terrenos donde se debía construir el edificio del Centro Cultural, cuya obra gruesa ya está terminada.

Dicho decreto estuvo fundamentado en informes que calificaban la vieja edificación –donde antes funcionó un  consultorio de salud y una escuela- como inseguro e insalubre, además de la solicitud de la Dirección de Obras, por no cumplir con requisitos básicos de recepción oficial de la construcción.

Durante la audiencia de formalización, la Fiscalía sostuvo que la abogada Court, en su calidad de asesora jurídica del municipio, habría “forzado o inducido” al alcalde Martínez, situación que su abogado defensor, Fernando Uribe-Etxeverría, calificó como “un sándwich”.

“En la parte de abajo están el Consejo de Defensa del Estado, la Universidad de Aconcagua y el Ministerio Público; arriba, el alcalde Martínez, acusado como autor de un delito y al medio, la abogada Loretto Court”, dijo Uribe-Etxeverría, considerando que “todo este asunto no tiene pies ni cabeza”.

Lo anterior, por cuanto “en ningún caso la abogada Court pudo haber forzado ni inducido al Alcalde a adoptar una medida administrativa, porque ella es asesora; es decir, propone ideas al jefe comunal, pero quien resuelve libremente es el Alcalde. Además, quienes conocemos a Eduardo Martínez sabemos que no se dejaría inducir y mucho menos forzar; es decir, someterse a la fuerza para adoptar una decisión”.

Durante la audiencia, el Uribe-Etxeverría cuestionó el plazo de 60 días para investigar la participación de Loretto Court en los hechos investigados, calificándolo de excesivo, y solicitó el sobreseimiento definitivo de esta causa.

Por su parte, la abogada Court expresó que su actividad consiste en “hacer mi trabajo, y hacerlo bien”, agregando que en los hechos investigados “en ningún caso pude haber obligado, forzado o inducido al Alcalde a cometer eventualmente algún ilícito, lo que es contrario a toda lógica o razonamiento”. Por lo mismo, sostuvo que en este caso “la Fiscalía está totalmente equivocada, cometió un grave error porque está culpando a una profesional por cumplir bien su trabajo”.

Prosiguió afirmando que “en este sentido creo que hoy es un día nefasto para el ejercicio de la profesión de abogado, porque significaría sentar un precedente para que el día de mañana cualquier abogado, or el hecho de emitir opinión o dar un informe jurídico, podría ser formalizado por cualquier delito. En este caso en particular, debo enfatizar en que no se ha cometido absolutamente ningún delito”.