En forma unánime, la Sala aprobó el proyecto de acuerdo por el cual se solicita al Ejecutivo disponer de una norma aclaratoria respecto del pago de cotizaciones previsionales a autoridades edilicias y funcionarios de diversas municipalidades. Ello, considerando que la Contraloría General de la República cuestionó dichas imposiciones, situación que resultaría errada. 

La petición, encabezada por los senadores Isabel Allende y Baldo Prokurica, explica que el Decreto Ley N° 3.501 de 1980 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social que fija un nuevo sistema de cotizaciones previsionales, generó un incremento de este concepto.

Sin embargo, el ente contralor analizó la norma, estableciendo que se habría errado el cálculo puesto que “el incremento debía realizarse aplicando el factor que corresponde solo sobre las remuneraciones que al 28 de febrero de 1981 se encontraran afectas a cotizaciones previsionales, y no a las creadas o, establecidas con posterioridad, las que no gozan del beneficio”.

Esta equivocación debería ser sancionada, sin embargo, los legisladores abogan para que el Contralor condone dicha deuda, considerando que la interpretación errada no se hizo de mala fe, es decir, justa causa de error.

En la práctica, ello significaría liberar total o parcialmente de la restitución o del pago de las citadas remuneraciones.