Los diputados de Amplitud, Karla Rubilar, Pedro Browne y Joaquín Godoy presentaron un proyecto que modifica la Ley de Concesiones de Obras Públicas, incorporando la obligación de los concesionarios de asegurar el tránsito libre y fluido de los vehículos de emergencia, a propósito de las últimas catástrofes que han afectado al país y principalmente la ciudad de Valparaíso.

 En el caso concreto del puerto, personal de emergencia y bomberos que acudieron de otras localidades a prestar apoyo al Cuerpo de Bomberos de Valparaíso vio retrasada su llegada por detenerse a pagar peajes, lo que resulta  lamentable, según los diputados.

 Lo anterior, además deja en evidencia la necesidad de legitimar el protocolo de acuerdo firmado entre el ex ministro de Obras Públicas, Laurence Golborne y  la Asociación de Concesionarios el año 2011, el que perseguía el mismo objetivo, pero que en la práctica no se cumplió.

 El proyecto de los parlamentarios de modificación del decreto N°900 del Ministerio de Obras públicas, agrega un artículo 23 bis nuevo que señala “Tratándose de contratos de concesión de rutas o caminos que contengan plazas de peaje, el concesionario asegurará el tránsito libre y expedito de vehículos pertenecientes a las Fuerzas de Orden y Seguridad, Bomberos de Chile o ambulancias de servicios de salud públicos o privados; siempre que estos se encuentren atendiendo una emergencia”

Según los diputados, bastará que los equipos de emergencia activen las sirenas y balizas para que los funcionarios de las empresas concesionarias levanten inmediatamente las barreras en las plazas de peajes y dispongan su paso preferencia, sin que pueda cuestionar de manera alguna la emergencia invocada.

El proyecto señala que “Se entenderá que un vehículo policial, una ambulancia o un carro bomba atienden una emergencia, cuando se dirija a un lugar donde está teniendo lugar un acto delictual; cuando acuda a asistir a una persona enferma o accidentada; o cuando se dirija al lugar de un incendio o accidente”

 Finalmente, la iniciativa señala que “Quienes hagan mal uso de las prerrogativas dispuestas en este artículo, serán sancionados. Así mismo, la inobservancia de la presente norma por parte de la concesionaria se sancionará con las multas establecidas en el reglamento”.