El Subsecretario de Bienes Nacionales, Juan Carlos Bulnes, expuso ante la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales los principales aspectos que están considerados en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, sobre administración del borde costero y concesiones marítimas.

El Subsecretario Bulnes destacó que el texto legal responde, entre otros, a un trabajo interministerial en donde se concluyó que es necesario modernizar la institucionalidad actual.

Los principales cambios están referidos al traspaso de facultades desde el Ministerio de Defensa hacia el Ministerio de Bienes Nacionales; se reemplaza la administración caso a caso, por una gestión basada en políticas definidas y vigentes con mayores grados de certeza para los agentes públicos y privados; y cambia de una participación regional inorgánica, a una participación institucionalizada de las regiones.

Al respecto, el presidente de la Comisión, senador Antonio Horvath, manifestó que ante los 80 mil kilómetros de borde costero que tiene nuestro país, “este proyecto es de mucha importancia”; sin embargo, puso de manifiesto que debe ser “esencialmente participativo” con la consideración de aspectos como: turismo, pesca, industria, pueblos originarios, conservación, defensa, derecho de caleta derecho portuario, entidades de investigación, entre otros.

El legislador hizo presente que, “con mucho esfuerzo, antes en el Senado, logramos que la zonificación del borde costero -que es un instrumento participativo- pase a tener rango de ley, porque antes se hacía por un decreto y habían otras instancias más poderosas, como las áreas aptas para la acuicultura, que se superponían a esto y finalmente le ganaba”.

En tanto, las senadoras Isabel Allende y Ena Von Baer –integrantes de la Comisión- coincidieron en la importancia que tiene el Ministerio de Bienes Nacionales y la necesidad de dotarlo de mayores recursos, tanto materiales como humanos; de más empoderamiento y facultades “porque hasta ahora le cuesta -a veces- desarrollar su trabajo”, indicaron.

Por su parte, el senador Alejandro Navarro recalcó la importancia de la fiscalización y el asegurar los recursos para esta nueva administración. La Comisión acordó recibir a diferentes organizaciones para continuar con el análisis de la iniciativa legal.

En tanto, el segundo proyecto al que se abocó la instancia parlamentaria fue el que establece el derecho real de conservación, para lo cual la Ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, además de representantes en Chile de la organización The Nature Conservancy, entregaron sus visiones sobre la iniciativa.

El senador Horvath explicó que con este proyecto “para un predio privado el propietario podrá establecer que un área determinada tiene un uso de conservación o de protección de ecosistemas naturales, eso significa que la propiedad queda con esa característica, para sus herederos o cuando se transfiera”.

“Esta disposición es importante, porque nuestro código civil establece estas cosas como gravámenes, o sea como limitantes al uso de los predios, pero hoy en día la conservación y la protección de la naturaleza son un plus, es un agregado positivo que toman los predios. Si uno es vecino de un área protegida tiene beneficios para el turismo, para la conservación, para la calidad del agua, para la polinización, tiene muchas ventajas”, detalló.

No obstante, llamó que la medida mantenga los equilibrios, “porque los terrenos se pueden ir demasiado hacia la conservación y dejar de producir; hay que buscar el justo equilibrio, en el sentido de que no vayan a ser los privados los que después inhabiliten proyectos que son de interés público”.

A su turno, la Ministra de Medio Ambiente indicó que como objetivo estratégico está el “abordar las causas subyacentes de la pérdida de diversidad biológica mediante la incorporación de la diversidad biológica en todos los ámbitos gubernamentales y de la sociedad”, para lo que se ha puesta en marcha planes de distintos actores para lograr la sostenibilidad en la producción y el consumo.

Además, entre los antecedentes se detalló que “en Chile el grueso de la conservación está a cargo del Estado a través del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado. El Sistema cubre aproximadamente 20% de la superficie terrestre del país, aunque de manera muy asimétrica y el 84% de las áreas protegidas del Estado se ubica en regiones de Aysén y de Magallanes, en tanto en las regiones centrales -desde la V de Valparaíso a la VIII del Biobío-, el área total protegida es menor a un 10% de los ecosistemas, las especies y la diversidad genética”.

Se precisó, además que se han identificado 308 Iniciativas de Conservación Privada en nuestro país, las que cubren una superficie total estimada de 1.651.916 hectáreas.