Los denominados “proyectos antidelincuencia” fueron despachados por sus respectivas comisiones de análisis; sin embargo, tanto la iniciativa legal que fortalece el orden público, como la que establece el control preventivo fueron respaldadas por mayoría.

La Comisión Mixta zanjó las discrepancias surgidas entre el Senado y la Cámara de Diputados, en torno a la tramitación del proyecto de ley que fortalece el orden público -también llamada “ley antiencapuchados”- el que ahora deberá ser ratificado por ambas Salas.

Al respecto, el presidente de la instancia parlamentaria, senador Patricio Walker indicó que “se aprobaron dos normas que habían sido antes aprobadas por la Cámara y el Senado, que establecen que hay un delito contra la autoridad cuando ello se comete contra carabineros, las policías, contra los gendarmes; además se faculta al Ministro del Interior para ejercer acciones penales, cuando efectivamente existan delitos contra las policías”.

Sin embargo, el legislador precisó que el resto del proyecto, “lo que se denomina la ley Hinzpeter fue rechazada por la Nueva Mayoría y aprobada por la Alianza y como ellos tienen mayoría en la Mixta se aprobó”.

“En nuestra opinión –agregó- y en la unanimidad de los penalistas que escuchamos, todo lo que se pretende sancionar ya está sancionado hoy día en el Código Penal, en la ley de Seguridad del Estado, por lo tanto es innecesario legislar en esta materia. Por ejemplo, se sanciona con penas privativas de libertad los desórdenes públicos y estamos en desacuerdo no porque no queramos sancionar, lo que pasa es que hoy esto ya está sancionado”.

Imagen foto_00000003“Lo mismo ocurre con los delitos que se cometen cuando una persona impide mediante amenazas o violencia, por ejemplo, el funcionamiento de servicios públicos, esto ya está sancionado en el Código Penal”, enfatizó el senador.

En otra vereda, el senador Hernán Larraín, miembro de la Comisión Mixta, destacó el respaldo del proyecto “que establece distintos tipos de delitos o agravamientos de delitos en materia de orden público; creo que se ha avanzado, si bien pocos artículos fueron aprobados por unanimidad, hubo algunos que fueron aprobados básicamente por mayoría de votos”.

En este sentido, explicó el congresista, está “el que dice relación con desórdenes públicos graves, me parece que se ha tipificado cuando se trata del impedimento del funcionamiento de algunas instituciones públicas, de servicios públicos de mayor importancia, como bomberos u otros; o cuando se amenaza, o con violencia se impide, a pesar de que la autoridad lo insiste, la circulación libre por caminos, puentes, u otros lugares de acceso público. En ese sentido creo que se ha avanzado muchísimo”.

“Además –añadió- cuando se trata de desórdenes públicos, cometidos en actos masivos y si estos están siendo ejecutados por encapuchados eso también significará un agravamiento de su sanción, porque se les aplicará el máximo de la pena. El hecho de estar encapuchado constituye en sí mismo un acto de intimidación, de amenaza”.

A juicio del senador “la Mixta ha cumplido su misión debidamente (…).Me parece que cualquier gobierno, independiente de su posición ideológica, debe tener herramientas para combatir los desórdenes públicos graves o las actuaciones en esos desórdenes de personas que pueden intimidar a otros, aprovechándose de esas circunstancias”.

CONTROL PREVENTIVO

En condiciones de ser analizado por la Sala del Senado, quedó el proyecto que modifica la Ley Orgánica Constitucional (LOC) N° 18.961 de Carabineros para establecer la medida de control preventivo.

Ello, luego que la Comisión de Constitución despachara –con votos de mayoría- el articulado de la iniciativa que cumple su primer trámite.

El senador Patricio Walker, presidente de la instancia, precisó que “el proyecto se despachó con los votos de la Alianza y establece la posibilidad de control de identidad en lugares donde exista riesgo para la seguridad las personas. Es decir, basta estar frente a un hospital o un servicio público para controlar la identidad a cualquier persona”.

Precisó que si bien durante el debate en particular el Ejecutivo presentó una indicación para circunscribir un poco más esta atribución para las policías, a la larga se permite control de identidad siempre y eso atenta contra la libertad de movilizarse. Por supuesto que si hay indicio de un delito y si hay una persona encapuchada, obviamente que debe haber herramientas para el control de identidad pero con las que existen ya son suficientes”.

A su turno, el senador Alberto Espina, integrante de la instancia, consideró “lamentable” y “un grave error” oponerse a una iniciativa de estas características, porque se trata de otorgar una atribución a las policías para que “puedan simplemente pedir el carnet de identidad a una persona en aquellos lugares donde existan fundamentos”.

Aclaró que si bien esta norma existe en la actualidad se aplica con posterioridad a la ocurrencia de un delito. Lo que se busca es solucionar un vacío porque muchas veces Carabineros no puede solicitar una identificación a personas “sapos” que rondan barrios o sectores donde se cometen delitos con regularidad, porque en rigor esa persona no está cometiendo un delito, aunque todos saber que está recopilando información para delinquir.

En la misma línea, el senador Hernán Larraín, apoyó la normativa legal “porque se trata de un gran proyecto y no se debería impedir su aprobación”.

Por su parte, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, manifestó que esta es una norma que existe en la inmensa mayoría de países civilizados donde las policías tienen esta facultad para prevenir. Puntualizó que se trata de una atribución fundada y por eso esperamos que el texto legal cuente con el apoyo de la Sala.