La Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización avanza en el análisis del proyecto de ley sobre probidad en la función pública, tal como lo señaló el senador Hosaín Sabag, presidente accidental de la instancia parlamentaria, “despachamos varias indicaciones, tanto presentadas por senadores, como por el Ejecutivo. Diría que tuvimos un avance muy importante”.

Para el legislador, “lo que pretendemos es que esto sea lo más transparente y claro posible y que las personas -tanto los que están afectos a este proyecto, como las personas que pudieran requerir antecedentes- estemos hablando sobre lo mismo y evitar conceptos que no corresponden”.

“Por ejemplo, aclaró el parlamentario, cuando votamos la ley de reajuste y vamos a recibir el reajuste; entonces, ¿es un conflicto de interés, o no podemos votar porque vamos a recibir los beneficios?” y agregó que esto sucede en muchos otros escenarios, por lo que se debe precisar con respecto a las leyes generales y aquellas particulares.

En tanto, el también miembro de la Comisión de Gobierno, senador Jaime Orpis manifestó que se avanzó en tres categorías de materia. “La primera, en que se proponía por parte de la senadora Isabel Allende aumentar las multas que habían sido propuestas por la Cámara de Diputados y del senador Hernán Larraín de bajar las multas, manteniendo el rango superior pero bajando el límite inferior y, mayoritariamente, la comisión en general optó por mantener las multas propuestas en el proyecto del Ejecutivo y la Cámara de Diputados”.

Luego, añadió el senador, “existía una segunda categoría de indicaciones que abordaba la más diversas materias y que el Ejecutivo proponía rechazarlas y ahí en general se rechazaron, salvo en un punto -que a mí me parece muy importante- que fue el paquete de indicaciones presentada por el senador Hernán Larraín sobre qué culpa responde el mandatario para administrar los bienes”.

Al respecto, explicó, “en términos jurídicos el Ejecutivo venía proponiendo, junto a la Cámara, culpa leve, es decir la culpa que ordinariamente las personas ocupan en administrar sus negocios y el senador Larraín era partidario -lo que terminó siendo aprobado- que se responda de culpa levísima; entonces, el mandatorio tienen que tener especial cuidado en las administración de los negocios”. El legislador destacó que es un nivel de culpa superior y se resolvió de manera diferente a la Cámara de Diputados.

Por último, la Comisión respaldó que la Contraloría General de la República sea fiscalizada por la Corte Suprema. Según el congresista, “se ha avanzado de manera sustantiva y esperamos despachar el próximo mares 12”. Cabe señalar que aún quedan alrededor de 20 indicaciones, algunas de ellas formales, las que serán revisadas en la próxima sesión de la Comisión.