El presidente del Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH), entregó hoy a los medios de comunicación el documento “Propuestas para un nuevo sistema de educación superior”, elaborado por los rectores de las 16 universidades estatales de Chile y que gira sobre siete temáticas: nueva institucionalidad del sistema de educación superior (cuyos principales aspectos son la derogación de la LOCE y la creación del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología); nuevo sistema de financiamiento; nuevo sistema de aseguramiento de la calidad; nueva relación del estado con sus universidades; sistema de admisión; ciencia y tecnología; y educación técnica y profesional.

“Los vientos de las políticas públicas en las últimas décadas no han sido favorables para las universidades del Estado, ya que este –basado en la filosofía del Estado mínimo en la educación- no ha operado ni como prestador de servicios ni como regulador del sistema de educación superior. Hoy necesitamos un cambio sustantivo y no unas pocas medidas para responder a los cambios que el país necesita», señaló el vocero y presidente del CUECH.

Asimismo, manifestó que Chile se ha convertido en el país con el sistema educativo más privado del planeta en todos los niveles. «En el caso de las universidades esto se refleja en que apenas el 18% de la matrícula lo concentran las universidades públicas, muy lejos de los países desarrollados, donde un 80 o 90% de los universitarios estudian en instituciones estatales y estos países entienden la importancia de estas en el aporte a las ciencias, a la tecnología y a la cultura”, subrayó Valle.

El presidente del CUECH criticó abiertamente la responsabilidad del Estado en la situación ya descrita. “Las universidades públicas se encuentran en un Estado de abandono por parte del Estado, que, además de entregar aportes basales insuficientes, se ha convertido en un muro de contención para las aspiraciones de expansión de estas instituciones. Hasta hace dos años, las universidades estatales no podían contratar créditos a largo plazo que les permitieran invertir en infraestructura, por ejemplo, Así, las universidades públicas pueden dar cabida a más estudiantes. Entonces se escucha decir que ha crecido la opción de los estudiantes por la universidades privadas, cuando la verdad es que se ha obligado a entrar a esas instituciones”.

En el mismo tema, ahondando en la necesidad de una nuevo marco jurídico para las instituciones estatales, “Tenemos la necesidad de modernizar el régimen jurídico de las universidades públicas, para corregir la paradoja por la cual el Estado trata a estas casas de estudios como entes estatales a la hora de controlarlas y ponerles todo tipo de restricciones, pero a la hora de financiarlas, las trata como entes privados. Peor aún: se da el caso de universidades privadas que reciben más aportes estatales que algunas públicas y que no son sometidas a ningún tipo de fiscalización, porque se ha instalado en el país la creencia de que no es necesario que las universidades privadas deben dar cuenta por los recursos públicos que reciben. En cualquier país eso sería entendido como una tremenda contradicción, pero en Chile el mismo Estado renuncia a la posibilidad de fiscalizar el uso de esos recursos a través de leyes que ha aprobado el parlamento y en circunstancias que no queda claro si esos dineros se destinan a fortalecer el sistema educacional o si son destinados a reforzar el mercado de capitales. Todo esto responde a esta visión por la cual el Estado se olvida de la función cívico-social que tiene la educación y la convierte en una simple mercancía”, agregó.

Analizando la contingencia política y su posible impacto en la educación, el rector Valle comentó que “que sería muy malo para el país que el próximo gobierno no asuma el compromiso de fortalecer el pilar público de la educación y su obligación de fiscalizar la calidad de la educación superior. Un 80% de la educación en Chile es privada y cuando hay que regular lo que en ese ámbito ocurre, el Estado mira hacia la cordillera. Hay que hacer cambios estructurales. Y deberíamos considerar un bochorno que sigamos teniendo una LOCE aprobada e impuesta por una dictadura y que nuestra democracia no haya tenido el carácter de cambiarla. Más que expectativas, tenemos esperanzas de que el próximo gobierno asuma su responsabilidad frente a la educación, porque si no lo hace Chile tiene un pronóstico reservado en términos de cohesión social y capacidad de desarrollo, ya que un país sin gente bien formada inevitablemente se estanca”.

Finalmente, el presidente del CUECh defendió la preponderancia que las universidades adscritas al Consejo de Rectores le han dado al ranking de notas. “Creemos que no hay sólo una forma válida para normar el sistema de admisión y, de hecho, los rectores, hemos estado siempre dispuestos a discutir mejoras. Creemos que el ranking morigera el efecto de la PSU, que es un instrumento que pone demasiado de manifiesto las asimetrías en la calidad de la educación secundaria y que han quedado en evidencia en todas las mediciones internacionales a las que se ha sometido el sistema educativo de nuestro país. Los jóvenes no son responsables de no haber tenido una buena educación y por eso se ha creado el ránking de notas, que busca corregir en parte esta situación”.