Por unanimidad, el Senado aprobó en general la reforma constitucional que modifica el artículo 114 de la Constitución Política, con el fin de instituir al Senado como órgano competente para dirimir las divergencias que surjan entre el Presidente de la República y un Consejo Regional, con motivo de las transferencias de funciones públicas desde los ministerios y servicios públicos a un gobierno regional.

Al comenzar el debate, el senador Bianchi informó sobre la reforma constitucional y defendió el trabajo constante de la Comisión de Gobierno que preside, además recordó que en 2009 presentó una moción con las mismas características, pero fue rechazada. “Resultaría impensado decirle al país que vamos a tener una nueva forma de gobernar en las regiones pero sin el traspaso de competencias en áreas esenciales como educación, transporte, salud, emprendiendo”, entre otras y manifestó la necesidad de “que exista empoderamiento y decisión regional”.

El proyecto, en primer trámite constitucional, tuvo su origen en una moción de los miembros de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, senadores Carlos Bianchi, Eduardo Frei, Jaime Orpis, Fulvio Rossi y Hosaín Sabag.

Para el senador Orpis este proyecto es “la piedra angular en materia de descentralización (…) Es la reforma pendiente que faltaba y sin ésta el proceso de regionalización está incompleto” y enfatizó que esta iniciativa tienen que ver con el traspaso de competencias, el cómo las regiones tienen más posibilidades de decidir en la propia región. “Me cuesta pensar que el nivel central quiera desprenderse de poder. Aquí lo que se ha hecho son reformas políticas, no hemos legislado en términos institucionales”, agregó.

La moción avanza en paralelo a la tramitación del proyecto relativo al fortalecimiento de la regionalización del país y propone que podrán ser de competencia de los gobiernos regionales una o más de las siguientes funciones públicas: ordenamiento territorial, planificación urbana y asentamientos humanos; medioambiente y desarrollo energético; obras de infraestructura y equipamiento regional; transporte; desarrollo rural y de localidades aisladas; fomento de las actividades productivas; promoción y ordenación del turismo; desarrollo social y cultural; educación y salud; deporte; ciencia y tecnología, y conservación del patrimonio.