El denominado “Proyecto de levantamiento y unificación de información referente a niños, niñas y adolescentes en el sistema residencial de Chile” reveló la situación de 6.000 niños de diez regiones residentes en centros del Servicio Nacional de Menores, una cifra que hasta la entrega del informe, no se conocía.

Cuesta entender cómo es que las instituciones públicas cuyas funciones están directamente asociadas al bienestar social, cada cierto tiempo sorprenden e indignan a los chilenos por su inoperancia.

Hoy es el turno de los hogares de menores que a lo largo del país reciben y hospedan a niños en situación de abandono o de riesgo tanto para su integridad física como psicológica. No es la primera vez que la mala fama de estos ”refugios” es noticia en los medios nacionales, pero pareciera que a estas alturas del siglo XXI, no es posible justificar las falencias de una red estatal que no se administra sola, que tiene directores regionales y un director nacional que está sobre ellos para fiscalizar que cumplan con sus deberes, ampliamente expuestos en la razón social que los identifica: Servicio Nacional de Menores.
Las denuncias partieron en la ciudad de Punta Arenas, donde jueces de familia detectaron (“supuestas”) irregularidades al interior de los centros del Sename y organismos colaboradores, pero a la fecha ya se habla de investigar el desempeño de todo el sistema que actualmente acoge a los menores en riesgo social, bajo la sospecha de que existen casos de abuso sexual y maltrato en todo el territorio nacional.

Y no sólo se trata de situaciones que entran derechamente en el terreno de lo delictivo, también existen deficiencias inexcusables en la infraestructura de varios centros de menores que de hogar no tienen nada aunque la apariencia externa sea aceptable. Las cámaras de TVN, Canal 13 y otros medios audiovisuales se han paseado más de una vez por las dependencias de esos recintos , seguramente no en los mejores, si se trata de denunciar, pero al menos en algunos que constituyen un botón de muestra de cómo funcionan tantos otros que no son debidamente controlados.

El caso del niño apodado “el Cisarro” es uno de los que mejor reflejan la escasa influencia que ejerce el Sename en la rehabilitación de los menores que se han convertido en una amenaza para la sociedad. A sus catorce años ha puesto en jaque a las fuerzas de orden en más de una ocasión participando en bandas juveniles que han perpetrado numerosos asaltos a mano armada en la V región. Una vez que lo arrestan, el Cisarro regresa al hogar del Sename y a los pocos días, u horas, se fuga y arrancha quién sabe dónde. Si actualmente se halla en alguno de esos centros será de milagro porque mucho de lo que se conoce a través del periodismo investigativo muestra ambientes inadecuados para la recuperación de niños que provienen de familias disfuncionales y cuentan con un prontuario policial a pesar de sus cortos años.
En ese doble esquema de protección a los menores “de acogida”, garante de cuidar tanto su salud física como psíquica, deficiencias tales como mobiliario de desecho, desorden y ausencia de espacios recreativos pasan a segundo término cuando la alerta

roja se enciende en el ámbito más sensible y más delicado que puede afectar a un niño: la violación de su sexualidad ya sea en manos de adultos o de sus propios pares.

“Cuando el río suena…”

El lunes 15 de julio, el director del Servicio Nacional de Menores, Rolando Melo, contactó con el fiscal regional de Magallanes, Juan Agustín Menéndez, con el fin de entregarle información referida a presuntos abusos sexuales ocurridos al interior de centros del Sename y entidades colaboradoras, delitos que fueron denunciados por jueces de familia en marzo del año en curso.
En esa oportunidad, Melo dijo a la prensa que había entregado a la mencionada autoridad los antecedentes que su servicio estaba manejando y que en la semana próxima aportaría nuevos datos a la investigación. Sus declaraciones dejaron algunos vacíos, ya que no se explica que no fuera él mismo quien detectara en primera instancia lo que estaba sucediendo en sus dominios. Cuando las denuncias llegan a los tribunales de familia ya no hay vuelta atrás, es decir, hay víctimas, hay testigos y denunciantes, y si las irregularidades se han producido en varios hogares de acogida, ello implica que la máxima autoridad a cargo a nivel país, simplemente lo ignoraba.

Según la jefa del Departamento de Protección de Derechos del Sename, Angélica Marín, los antecedentes que tenía Melo eran los diez casos detectados por el informe titulado “Proyecto de levantamiento y unificación de información referente a niños, niñas y adolescentes en el sistema residencial de Chile”, el cual reveló la situación de aproximadamente 6.000 niños de diez regiones, residentes en centros del Sename.

Hasta el momento en que se llevó a cabo la iniciativa, encabezada por la jueza de familia Mónica Jeldress, esa cifra era desconocida, lo que también constituye un contrasentido: cualquier trabajo de asistencia social empieza por efectuar un catastro que arroje cuántas son las personas, ya sea niños, adultos o ancianos, que el sistema, público o privado, se ha propuesto proteger.

Respecto a las denuncias, Angélica Marín desestimó que se tratara de diez casos, ya que según declaró, sólo tres “tenían similitud” con los descritos en el informe. Uno de ellos, el que se había registrado en Magallanes, concluyó que la niña aludida “habría sido abusada antes de ingresar al centro”. Un segundo caso, de acuerdo a las declaraciones de la autoridad, se había detectado en la V Región, hecho que el Sename había denunciado ante la correspondiente fiscalía. Sobre el tercer caso, ocurrido en la Segunda Región, Marín dijo que la situación ya está en conocimiento del poder judicial y enfatizó que se trata de hechos que habrían sucedido “antes de que el menor ingresara a la residencia.”
Respecto a otras irregularidades, referidas a sanciones inadecuadas y a maltrato entre pares, la jefa del Departamento de Protección de Derechos del Sename informó que en los últimos meses se han detectado algunas similitudes con los casos denunciados en el informe, pero restó veracidad a los que dan cuenta de niños que se quedan sin comer como una forma de castigo. “Lo que encontramos son cuatro casos de menores que se quedaron sin postre”-señaló Angélica Marín.

Pese a los esfuerzos de las autoridades por rebajar el perfil de las denuncias lo cierto es que las declaraciones de la abogada Paulina Gómez a los medios audiovisuales en la segunda semana de julio impactaron fuertemente a la opinión pública, en especial cuando se refirió a la última pregunta del cuestionario que los niños de los hogares habían llenado de manera anónima. “Se trataba de una pregunta abierta en la que los niños podían agregar lo que ellos quisieran, y hubo muchas respuestas que aludían a abusos sexuales.”-señaló la abogada.

La V Región

En Valparaíso, el Servicio Nacional de Menores repentinamente determinó cerrar dos inmuebles que hasta hoy acogen a niños y niñas en el cerro Los Placeres, un hogar que depende de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Según lo señalado por el director regional, Marcelo Platero, la medida se aplicó porque “no dieron cumplimiento al convenio con Sename con estándares necesarios para el cuidado de los niños. Hay deficiencias técnicas y otras de infraestructura que no han sido superadas. El cierre es definitivo”-
En relación al centro de menores de Playa Ancha, Platero dijo que nunca ha estado en la agenda clausurar un lugar al que llegan casos de mayor complejidad y de connotación pública como “Cisarro” y “Brian”. –“No tenemos gendarmes en los muros”-señaló el director regional, posiblemente aludiendo a los continuos escapes de ambos adolescentes desde el hogar porteño.

No obstante, Platero no se refirió a las causas que motivan dichas fugas, las que desde la perspectiva institucional deberían considerarse un fracaso, toda vez que reflejan una incapacidad para cumplir las metas básicas de un albergue de niños y adolescentes en riesgo social, algunos de los cuales ciertamente representan un mayor desafío, y en ese contexto, la entidad encargada tiene que sacarlos adelante por un fundamento de índole ética que no puede soslayar.

El punto álgido en los hogares del Sename es sin duda la vulnerabilidad de sus internos a la promiscuidad sexual. Muchos de ellos vienen de familias en que ese tipo de abuso es recurrente e incluso amparado por las madres, por lo que es previsible que van a repetir ese patrón si perciben que no hay vigilancia o lo que es peor, si el sistema no les otorga una nueva forma de valorar la vida, de educarse en cuerpo y mente para distinguir entre el bien y el mal cuando todavía es tiempo de hacerlo.

Y es ahí donde la investidura de un director asume su máxima importancia. Cuando lo que está en juego es la salud y la vida de niños chilenos que han sido víctimas de violencia desde la más tierna edad, las estrategias y políticas sociales que promueva un dirigente pueden hacer una tremenda diferencia. Un servicio de menores requiere de una permanente revisión de los planes y programas que atañen a los internos, y lo que es aún más relevante, necesita de una supervisión constante de las máximas autoridades a cargo para controlar el funcionamiento de sus albergues en todo el territorio nacional.
José Andrés Murillo, doctor en Filosofía de la Universidad de Chile, señaló que “en Chile no existe un verdadero sistema de protección de la niñez ni una promoción estable de sus derechos y que se avergüenza de no haber logrado convencer a las autoridades de crear lo mínimo: un organismo de auténtica defensa de los niños o en su defecto, un Defensor de la Infancia como existe en muchos países desarrollados.”

¨No hay recursos para la infancia”-añadió Murillo-“Una nación que cuenta con un sofisticado Sernac, Sernac financiero, Tribunal de Libre Competencia, recursos millonarios para primarias y campañas políticas, pero que no es capaz de invertir en proteger los derechos de los niños, es un país perdido, mal enfocado.”-