lunes 20 mayo de 2013 | Publicado a las 8:01 am · Actualizado a las 8:01 am
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Adolescentes “malandras”:¿Qué van hacer con ellos?
En vista de las circunstancias se les acondicionó una ley especial: la Reforma Penal Juvenil, pero no hubo cambios paralelos ni en las condiciones ambientales de cientos de niños en situación de riesgo social ni tampoco mejoraron los centros de detención de menores. “Eran chiquititos”-expresó Jovita Sanhueza, la dueña de una casa asaltada en Lampa, […]
En vista de las circunstancias se les acondicionó una ley especial: la Reforma Penal Juvenil, pero no hubo cambios paralelos ni en las condiciones ambientales de cientos de niños en situación de riesgo social ni tampoco mejoraron los centros de detención de menores.
“Eran chiquititos”-expresó Jovita Sanhueza, la dueña de una casa asaltada en Lampa, cuando la entrevistaron sobre el violento ataque de que fue objeto junto a su familia por parte de una banda que en el trascurso de esa noche había cometido tres delitos. Y cómo no iban a ser “chiquititos” si dos de los malhechores tenían apenas catorce y once años y estaban liderados por uno de dieciséis.
La agresión fue particularmente violenta a pesar de la escasa edad de los asaltantes, quienes redujeron con arma de fuego al jefe de hogar, apuntándole en la cabeza mientras lo conducían a su dormitorio, y es probable que de no haber mediado los disparos que efectuó el vecino de las víctimas, un carabinero, el desenlace hubiera sido lamentable, como ya ha había ocurrido tantas veces en todas las ciudades del país.
El tema de la delincuencia juvenil es de larga data en Chile, pero lo más malo de esa realidad es que no se detiene a pesar de cuantas ilusiones se hizo la ciudadanía cuando se anunció que reducir los índices de robos, asaltos y homicidios cometidos por jóvenes y adultos, sería prioridad uno a partir de la última gestión presidencial. No fue así, quizás porque el proceso de disminuir paulatinamente ese flagelo siempre se ha asumido más desde el aspecto jurídico y policial que desde la perspectiva socioeconómica, lo cual en el contexto de un problema tan sensible sólo proporciona soluciones que no alcanzan a llegar hasta las raíces y menos aún, a dilucidar cuántas son éstas y a cuánta profundidad crecen en el suelo patrio.
Lo cierto es que esas raíces dejaron de ser superficiales desde el momento en que surgió un niño símbolo de la delincuencia juvenil confirmando la presencia reiterada de menores en un escenario que décadas atrás era terreno de rufianes avezados en las actividades ilícitas. ¿Será que los niños delincuentes surgieron por generación espontánea, y de la noche a la mañana? Cristóbal, alias “el Cizarro”, desmiente una hipótesis que parece absurda, pero que a la larga es la que ha prevalecido, ya que las medidas correctivas nunca han abarcado los temas esenciales, y de hecho, ese niño que hoy tiene catorce años, comenzó a perfilar su prontuario cuando recién había cumplido diez.
Como él, muchos otros adolescentes se han iniciado en el lado oscuro de una sociedad que presume de ser una de las más avanzadas de Latinoamérica, en la cual hasta el más modesto maestro de construcción tiene su celular y las antenas satelitales sacan destellos en los cerros de Valparaíso, donde no es inusual que estallen incendios que arrasan con todo debido a la falta de redes de agua y a lo escarpado del terreno.
Vivir con $ 36.049 al mes.-
A más de algún chileno lo tomó por sorpresa el sondeo mundial de bienestar infantil patrocinado por Unicef, en el que participaron 19 países. En abril del presente año se publicaron los resultados de la encuesta del primer estudio de felicidad en niños, (¿?) el cual fue abordado en Chile por Tom Olson, representante de dicha entidad, quien señaló que “esas investigaciones son muy importantes porque a la hora de hacer políticas que afectan la vida de los niños es necesario saber lo que sienten de primera fuente y no se puede tomar la mejor decisión sin escucharlos.”
Aún cuando Unicef ha liderado muchas campañas a favor de la infancia, no siempre da en el clavo y esta es una de ellas. De partida, la muestra en Chile contó con apenas unos $ 3.000 escolares de la regiones Metropolitana, Valparaíso y del Biobío, y aunque el vocero de la institución afirmó que se había incluido niños de “todos los estratos sociales”, es evidente que el encabezado de la noticia, (“Siete de cada diez menores está satisfecho con su vida”) no provino de los campamentos que por años han esperado una vivienda básica decente ni tampoco de las barriadas capitalinas que todos los inviernos se anegan y terminan con los pequeños durmiendo a escasos centímetros del agua apozada bajo sus camas.
Si bien resulta indispensable escuchar las voces de los niños de clase media baja, media y alta porque conforman una gran mayoría en el país y sus necesidades deben ser cubiertas apropiadamente por el Estado, también es cierto que las minorías que aún permanecen bajo los límites del bienestar básico no pueden ser ignoradas de manera tan sistemática como lo han sido hasta ahora. A pesar de que cada gobierno ha implementado algunas medidas para mejorar la situación de la infancia en riesgo, la tendencia general ha sido “parchar” más que curar, y en ocasiones, como ha ocurrido en estos dos últimos años, simplemente no se ha realizado ningún cambio relevante que permita vislumbrar una rebaja consistente, notoria y gratificante en los índices de delincuencia juvenil.
Y si de encuestas se trata, la que realizó el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, en los años 1987 y 1988, fue la base de la canasta básica definida por la Cepal en 1990, y todavía es la que corre para medir la pobreza en el país.
Afortunadamente, el 29 de abril, la comisión de expertos que investigó el tema reconoció que desde esos años a la fecha las personas no sólo han experimentado cambios en sus necesidades sino también en la forma de satisfacerlas, lo que leyendo entre líneas da pie para pensar que dentro de esas formas podría hallarse la de suplir mediante actos delictivos, lo que no se ha logrado a través del aparato estatal.
Por otra parte, la comisión está evaluando si se usará una canasta en base al consumo efectivo de las familias o si será mejor adecuar su contenido nutricional a estándares mayores con el fin de elevar el valor de la canasta de alimentos que actualmente sitúa en extrema pobreza o indigencia a familias que viven con hasta $36.049 per cápita.
Cualesquiera sean las estrategias a seguir, deberán aplicarse pronto. Nadie puede dudar que los chilenos respetuosos de las leyes tienen “sangre en el ojo” respecto a este azote que los mantiene encerrados detrás de rejas mientras los “malos” circulan afuera como Pedro por su casa. Sin embargo, si expertos profesionales han señalado que la delincuencia no puede desasociarse de la miseria y de la marginalidad en que viven muchos de los adolescentes en nuestro país, habría que creerles. Hasta el momento no se ha sabido de asaltos y robos protagonizados por alumnos de los colegios privados y tampoco de niños delincuentes que vivan en Las Condes o Bosques de Montemar, un exclusivo barrio de la ciudad jardín.
¿Qué hacer con ellos?
La ley 20084, publicada el 7 de diciembre de 2005, se impuso como una necesidad cuando quedó en evidencia que una gran mayoría de los delincuentes capturados por la Policía de Investigaciones y por Carabineros eran menores de edad e incluso niños que participaban en asaltos y robos domiciliarios bajo las órdenes de ex convictos de alta peligrosidad.
Se originó en un mensaje presidencial del ex mandatario Ricardo Lagos bajo la premisa de que el adolescente, siendo inimputable como adulto, es, sin embargo, susceptible de ser juzgado de acuerdo a ciertas normas que consideren su calidad de menor pero a la vez sancionen los actos ilícitos que afecten a otras personas dañando ya sea la integridad física de las mismas, o sus propiedades.
La ley creó un sistema especial de responsabilidad penal para los adolescentes de entre catorce y diecisiete años, con lo cual se puso fin al antiguo sistema de inimputabilidad o por el contrario, de sobreseimiento, basados sólo en la declaración judicial sobre el discernimiento del menor. De esta forma, se considera sujeto apto para ser juzgado por actos ilícitos, “a toda persona que al momento de cometer la infracción a la ley penal que se le imputa, sea mayor de catorce años cumplidos o menor de dieciocho.”
El mencionado cuerpo legal consta de numerosos acápites que detallan rigurosamente los derechos de los jóvenes detenidos y las condiciones en que deben ser juzgados pero a la hora de aplicarse queda en evidencia que hacen falta otras medidas aledañas a la ley para que realmente se cumpla su espíritu, que según lo han estipulado los expertos en Derecho Penal, está centrado en la reinserción social de los delincuentes juveniles y no en su simple reclusión.
Lamentablemente, la realidad demuestra que los centros del Servicio Nacional del Menor donde los púberes quedan en prisión preventiva son tan poco acogedores y especializados que la mayoría se escapa en cuanto se les presenta la más mínima oportunidad. “No se hallan”, “ya están enviciados”, “no tienen vuelta”-es lo que muchos dicen, pero dentro de un delincuente de pocos años siempre hay un niño que clama por ser rescatado, que quiere ser “como los demás” pero no puede o no sabe cómo hacerlo.
Aníbal Gálvez es un carabinero que por cuenta propia entrevistó a 102 chicos con problemas ante la Ley, entre los catorce y los diecisiete años, con el fin de dilucidar porqué habían delinquido. Si bien un par de respuestas tenían relación con el deseo de tener las mismas cosas que compran “los ricos” o con el simple hecho de no tener nada que hacer excepto vagar, la mayoría de los argumentos estaban estrechamente asociados con la miseria, la falta de alimento y abrigo, y con situaciones de abandono por parte de padres adictos a las drogas o que cumplían condenas por graves delitos.
Es obvio que resulta inútil promocionar nuevos sistemas de seguridad, algunos tan absurdos como el “adn invisible” tipo spray que supuestamente se podría impregnar en los objetos, puertas y ventanas, y el cual se podría detectar en los infractores mediante un scanner. Tampoco las alarmas son eficientes en todos los casos, por muy sofisticadas y tecnológicas que sean. La única alarma que realmente debería tenerse en cuenta es la que está en rojo y sonando desde hace tiempo, en las poblaciones marginales donde germinan los delincuentes juveniles y esos “niños malos” que la sociedad repudia.