Por Marysol Bustamante.

565 familias en toma son las que reciben a los turistas cada vez que llegan a la ciudad. Desde el 2011, cientos de personas instalaron sus viviendas en los terrenos de la empresa Quiscal S.A. A un año de su instalación, aseguran que darán la pelea por lo que hoy consideran sus tierras, mientras una demanda sigue en curso para desalojarlos.

Juana del Carmen Báez es parte de las 12 familias que se fueron a vivir al campamento más grande de Viña del Mar en diciembre del año 2011, con niños pequeños y mujeres embarazadas, dispuestos a pasar un largo tiempo bajo el delgado techo de una carpa, en los terrenos que hoy alojan a una de las tomas más grandes del país, entre el camino Las Palmas y la Ruta 68, parte alta de Viña del Mar.

Juana, secretaria del comité “Villa Esperanza”, recuerda aquel 25 de diciembre del 2011 en que las doce primeras familias dividieron los terrenos de 12 x 20 mt cuadrados para cada grupo: “repartieron los terrenos,  empezamos a edificar y comenzó a llegar la gente, formamos un comité con una directiva, donde yo soy la secretaria. Hoy somos 65 familias en la Villa Esperanza, algunos vivimos aquí hace tiempo más los recién llegados. Somos todos uno, cualquier cosa vamos todos a la pelea”.

Pese a que Báez vive en el sector denominado “Villa Esperanza” –que en su momento iba a llevar el nombre del fallecido empresario Felipe Cubillos- es solo una parte del campamento, ya que es una prolongación de una toma que comenzó en el sector de Forestal, cuya extensión llega hasta la entrada de la ciudad jardín, donde vive la señora Juanita.

Tanto para ella como para su familia, instalarse ahí ha sido un gran sacrificio, ya que hace poco cuentan con camiones aljibe que les entrega agua potable a los pobladores, y aún no poseen energía eléctrica. Pero tanto para Báez como para los habitantes de la población que aun no tiene nombre definitivo, lo más importante es sentirse respetados: “Es una toma, pero hay directivas. Queremos que nos respeten como personas dignas. Hay mucha gente que anda buscando terreno, me da pena decir que no porque ya no cabe más gente”.

Déficit habitacional

Una de las causas por las que existen tomas y campamentos en la Ciudad Jardín es, según el concejal Víctor Andaur, el déficit habitacional que afecta actualmente a la comuna, que radica en la alta demanda y la gran cantidad de inmigrantes que llegan a la ciudad en busca de mejor calidad de vida y trabajo: “el tema central de la discusión, y que a mi juicio se ha eludido, es el por qué las tomas, y radica en el hecho de que hay un déficit de vivienda que se arrastra, que bordea las veinte mil viviendas. Hay que entender que es una ciudad muy demandada, hay mucho inmigrante y extranjero que trabajan a base de sueldos muy bajos”.

Viviendas de veraneo

Desde Serviu, explicaron que si bien la causa de la gran cantidad de campamentos no ha sido estudiada en detalle, existe más de un factor: “Razones, pueden ser muchas, entre ellas está la falta de terreno urbano, problemas de factibilidades sanitarias en las partes altas, lo que dificulta la construcción de viviendas sociales en esta comuna y también existen razones de carácter laboral, al ser la ciudad turística de Chile, existen mayores oportunidades de trabajo informal y estacional, lo que también justifica que encontremos hasta viviendas de veraneo en las tomas, de familias de otros puntos del país. Inmigrantes de otras regiones existen pero principalmente nos encontramos con gente de la región, que viene del interior u otras ciudades, extranjeros son muy pocos, no tenemos un fenómeno como lo que ocurre con ciudades limítrofes como Arica o Iquique donde este factor afecta considerablemente la implementación de políticas de vivienda”.

En cuanto al déficit mencionado por el concejal Andaur, desde Serviu comentaron que la cifra del censo 2002 arroja un número diferente, y que esperan los resultados del censo 2012: “El déficit de vivienda para la Comuna de Viña del Mar según el censo del 2002 era un total de 7.361 viviendas, cifra que debe haber variado a la actualidad pero que aún no ha sido actualizada según el censo 2012, esta información se encuentra en el observatorio habitacional del Minvu.

Andaur es enfático en decir que “mientras no se ataque la causa seguirá la situación, incluso hasta ahora no se ha discutido a nivel de municipio ni de Minvu, entonces la cosa se ha dejado que siga su curso, creo que es un problema serio, una presión constante y todo esto aumenta los costos, la gente necesita cosas básicas, que implica que hay cada vez más gastos”.

El terreno posee varios dueños, pero el propietario principal es la empresa inmobiliaria Quiscal S.A. Sin embargo, parte de las tierras en toma también son del municipio viñamarino, que revela una actitud pasiva frente a la gran cantidad de familias instaladas, ya que incluso cuando se instalaron, se habló de maquinaria municipal que ayudó a aplanar el terreno para hacerlo habitable, hecho denunciado por el concejal Celis hace un año atrás a un medio regional.

Pese a esto, Juana del Carmen Báez sostiene que juntaron dinero para contratar máquinas para lograr instalarse, financiado por actividades que el hoy comité de Villa Esperanza organizó para poder instalarse: “Cuando llegamos veníamos con dos actividades encima para recolectar fondos, había una directiva y esa platita se ocupó para la máquina. Juntamos poco más de monedas, y ahí se empezó a limpiar. Actualmente, la persona que llega se le va cobra para poder limpiar”, explicó.

Doble juego

Aunque desalojar la toma significaría dejar a más de quinientas familias sin techo, la ocupación sigue siendo ilegal, por lo tanto su mantención suscita dudas aunque para algunos el objetivo de mantenerla, además de razones humanitarias, radica en un doble juego.

Andaur comenta que la toma, aunque parezca extraño, invita a aumentar el valor del predio ocupado, ya que “mi interpretación es que aquí se ha dado históricamente que los propietarios de terreno dejan abierta la posibilidad de la toma, porque así se urbaniza, cambia su clasificación en el Plan Regulador a zona urbana eso ha significado el aumento de la plusvalía. Es un doble juego porque incentiva la venta y se hace una necesidad, y finalmente al propietario le conviene que se los tomen, porque los puede comercializar y sacarles mejor precio, porque si lo puede vender. Hay subterfugios legales que les permite ganar más”.

Esto explica por qué en un comienzo los terrenos no eran aptos para ser habitados y hoy albergan a cientos de casas, aunque carezcan de servicios básicos, lo cual presenta peligros para quienes allí viven: “Si bien hay una necesidad, está la intención de provocarlo, porque pretenden sacarle mejor precio y esa ha sido la tónica”.

Asimismo, Andaur recuerda el renombrado caso de parcela 11, donde “al final la empresa negoció con el municipio el compromiso de ampliar el plan regulador para que el terreno se convirtiera en zona urbana y venderla a mejor precio, la cosa ha sido así, indudablemente que las empresas quieren vender”.

Necesidad de regularizar

Por otra parte, la posibilidad de regularizar los terrenos es una opción que está descartada, según fuentes del Serviu, debido a una demanda cursada en tribunales por la inmobiliaria Quiscal, que lo impide, ya que “estas tomas no se encuentran dentro del catastro MINVU, ya que son posteriores al cierre del catastro 2011, y están en terrenos privados los cuales tienen demandas interpuestas en tribunales para la desocupación de sus terrenos, por lo que es imposible pensar en una regularización. Minvu ha adoptado una política especial en la región debido a la magnitud del problema en esta región, tomando la urbanización como una alternativa a la vivienda siempre y cuando se cumplan requisitos técnicos, ya que no pueden regularizarse en sitios con riesgos y por otra parte la antigüedad de los asentamientos, ya que no podemos priorizar a la gente nueva por sobre familias que llevan más de 15 años en tomas como la de Manuel Bustos”.

 Laura Gianicci, concejal viñamarina dijo que el 90% de quienes hoy habitan “la toma” necesitan de un techo digno: “Reconocemos que hay falta de vivienda y el Estado debe invertir, hay gente sin vivienda y el estado tiene que entregarle su vivienda, a ninguna persona le gustaría vivir ahí, no tienen nada. El 90% por ciento de la gente que está en el campamento necesita con urgencia ayuda “.

De todas formas, reconoce que sí hay quienes se aprovechan de esta dramática situación: “Es lamentable, porque cuando fueron a hacer una protesta al concejo municipal, algunos concejales comentaron que sabían perfectamente donde dos personas tenían departamentos, entonces hay un drama de vivienda, pero también hay gente que se aprovecha y ayuda a otra toma”.

Pese a aquello, comenta que la presencia de los campamentos es “un tema que nos tiene muy complicados por la parte social, esa pobre gente que no tiene donde ir y no se le ha podido entregar soluciones, pero nosotros además de catastrarlos a nivel de trámites, es un tema que corresponde más al Serviu y ahí topamos, porque sabemos que es la ciudad con más campamentos de Chile”.

Gianicci, fiel a su estilo, recalca que la permanencia de la toma responde en intereses electorales, ya que “si se fija pasa en años electorales los candidatos siempre van a las tomas, así que este año vamos a ver a Rodrigo González armando algún show con el candidato de la UDI, para hacer como que están preocupados”.

Mientras para el municipio la toma es una preocupación constante, y miembros de la inmobiliaria Quiscal S.A llevan el caso en tribunales, los habitantes de la toma de los alrededores de la Ruta 68 y el camino las Palmas mejoran su calidad de vida, construyendo bibliotecas, caminos y limpiando lo que hoy llaman su hogar.