Por Sigrid Boye

• En el entorno escolar, y menos aún en los parvularios, el abuso  sexual simplemente no  tiene cabida.  Un solo caso implica un niño despojado de una infancia normal, y la sociedad no debe bajarle el perfil a este hecho por considerarlo “una situación aislada”.

• Reconocer la ocurrencia de agresiones sexuales en el nivel pre escolar no implica invalidar o desmerecer la excelente labor que desarrollan las profesoras y las auxiliares comprometidas con la infancia chilena.

• Modificación al Decreto Supremo 325, Mineduc, preocupa al Colegio de Educadores de Párvulos de Chile, por cuanto altera los estándares del personal que trabaja en los jardines infantiles.

Cuando se interroga a padres de niños en etapa pre escolar sobre cuáles son  las peores amenazas a la seguridad infantil, las respuestas coinciden en señalar dos circunstancias que según su opinión, son “aterradoras”: el secuestro y el abuso sexual, y debido a la presencia de este último delito en la enseñanza pre básica, algunos aspectos de los parvularios  están actualmente en tela de juicio a pesar de constituir por varias décadas, organismos prestigiosos en el contexto educacional chileno y por definición, lugares seguros donde dejar a los hijos cuando ambos padres trabajan fuera del hogar.

La opinión pública está consciente de que el incremento del delito sexual en ese entorno no involucra el meritorio trabajo de cientos de profesionales al interior del mismo, pero sí cuestiona otros factores que podrían estar incidiendo en el ingreso de personal indeseable, tales como el desgaste de uno o más instrumentos legales que regulan la educación pre escolar en la actualidad, y la lentitud de los procesos judiciales que hoy se siguen a los imputados y los cuales se hallan en atapa de investigación. Estos procedimientos son particularmente auspiciosos para los que delinquen por primera vez, ya que por no se hallarse registrados en la nómina nacional de pedófilos, permanecen anónimos e impunes por un largo tiempo.

La Ley de Rentas 2

Durante mayo y junio del año en curso,  se interpusieron más de 70 denuncias en la Fiscalía Local Oriente, por abusos sexuales detectados en jardines infantiles de Vitacura y Lo Barrenechea, en Santiago, ante lo cual el Colegio de Educadores de Párvulos de Chile reaccionó refiriéndose a las “irregularidades en la apertura, funcionamiento y control de los establecimientos a que asisten los menores”, en una declaración pública fechada el 21 de julio de 2012.

En el comunicado, la entidad objetó la forma en que actualmente se entrega la patente municipal a las personas naturales o jurídicas que desean abrir un parvulario, lo que pueden hacer sin contar con la acreditación previa de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNJI.  Si bien la Ley de Municipalidades menciona una indicación a ese respecto, en la realidad ese requisito no se cumple y se producen vacíos peligrosos cuando la enseñanza pre escolar se convierte en un negocio que se puede echar a andar sin un proyecto que determine la calidad del programa educativo, la idoneidad profesional y la calificación del personal técnico que estará en permanente contacto con los menores.

Sobre este tema, la Directora Regional de la JUNJI Valparaíso, Evelyn Mansilla, expresó que se ha entrevistado con varios parlamentarios para presentarles un proyecto que hoy se halla en estudio, cuyo propósito es modificar la Ley de Rentas 2 para exigir la fiscalización previa y la aprobación de la JUNJI antes de que los municipios entreguen las patentes a los potenciales dueños de jardines infantiles, lo que reducirá los riesgos de aquellos que se abren específicamente con fines de lucro.

Supervisión y fiscalización

Según las declaraciones de la asistente social Evelyn Mansilla, el área de fiscalización de la JUNJI se creó en 2011, y a mediados de ese año comenzó a funcionar en una especie de marcha blanca que se inició solicitando a todos los alcaldes de la zona que enviaran las nóminas de jardines infantiles que tienen patentes municipales, con el fin de contabilizarlos y clasificarlos.

-“El listado arrojó un total de 413 establecimientos de educación pre básica que hoy son fiscalizados por mandato gubernamental e institucional en un 100%, en un proceso integral que exige que se estén realizando los procesos educativos, que la infraestructura sea la idónea, que la alimentación sea la más adecuada, etc.”-expresó la Directora.

-“Lo que había en años anteriores”-añadió-era un área de supervisión con un objetivo de orientación educativa, y en JUNJI ese rol lo cumple un equipo de primer nivel formado por una educadora de párvulos, una asistente social, una educadora diferencial y una nutricionista, que llevan 10 o 15 años en ejercicio, quienes recorren los jardines infantiles, y si no  cumplen uno o más protocolos, imparten los conocimientos necesarios para subsanarlos en un plazo determinado.”

 Evelyn enfatizó que los datos recabados en la fiscalización permiten elaborar un completo informe al que se le asigna un porcentaje de cumplimiento según el cual se mantiene o se retira el empadronamiento en la JUNJI.

Prevenir, no sólo corregir

En referencia al programa de fiscalizaciones, el Colegio de Educadores de Párvulos señaló que se trata de una herramienta indispensable, pero reconoció “que   no se puede actuar siempre en forma reactiva, y debemos como País, ser capaces de prevenir, puesto que son nuestros hijos quienes están en peligro y en riesgo inminente de abuso sexual”.

A este respecto, agregó: “No entendemos que todavía esté en proceso de aprobación el proyecto de ley que faculta a la JUNJI para hacerse cargo de la apertura, fiscalización y eventualmente de una sanción y/o cierre de establecimientos ante agresiones comprobadas de niños y niñas. Además, es perentorio que la autorización de la JUNJI se transforme en exigencia legal para iniciar actividades en cualquier jardín infantil y sala cuna.”

Las expresiones del Colegio dejaron en claro que la Junta Nacional de Jardines Infantiles  ha  desarrollado una eficiente labor, pero que resulta fundamental crear nuevas iniciativas que limiten el actuar   de los parvularios y salas cunas, estableciendo responsabilidades y tomando todos los resguardos a la hora de contratar personal.

Evelyn Mansilla, Directora Regional JUNJI

Cambios riesgosos

Por su parte, Evelyn Mansilla señaló que su entidad no puede contratar a nadie que no cuente con un título profesional acreditado en la Contraloría, y que a cada postulante se le somete a una entrevista, un examen psicológico y una prueba de conocimientos, ya sea una educadora o un técnico, lo que ratifica que no son las actuales atribuciones de la JUNJI lo que se halla en tela de juicio sino las que no se le han otorgado en momentos claramente peligrosos para los párvulos en todo el territorio nacional, ya que los depredadores sexuales, más hombres que mujeres, pero también estas últimas, están atentando contra el patrimonio humano  que todas las naciones consideran sagrado.

En tal sentido, resulta preocupante que el Estado haya aprobado el Decreto 115 (Diario Oficial, 18 de mayo), que modifica los requisitos de idoneidad del personal que trabaja en jardines infantiles y reduce considerablemente el número de profesionales y técnicas por cantidad de niños y de lactantes a su cargo, lo que claramente constituye un riesgo para su correcta  atención y vigilancia.

Como precaución, el Colegio recomienda a los padres confiar sus hijos a parvularios empadronados, mantener una actitud alerta y denunciar cualquier tipo de agresión que los afecte.